El año pasado se trabó una vez más la audiencia preliminar donde se debía resolver si la causa era elevada o no a juicio oral. Sin embargo, la recusación al juez penal de garantías Gustavo Amarilla, por parte del procesado comisario (SR) Merardo Palacios, aplazó una vez más la preliminar del proceso por torturas y lesión corporal en el ejercicio de funciones públicas, donde además está procesado el policía Osvaldo Vera.
Tras la presentación de la acusación –el 8 de agosto de 2001– el fiscal Fabián Centurión solicitó juicio oral, y desde entonces se intenta realizar la preliminar, sin éxito.
En más de quince ocasiones, distintos jueces han intentado realizar la diligencia, postergada a causa de las sucesivas chicanas interpuestas por las defensas.
La Corte Suprema ordenó en varias ocasiones la apertura de sumarios para determinar a los responsables de las chicanas, pero hasta ahora la máxima instancia judicial no ha dado a conocer el resultado de su investigación. Por este motivo, tanto procesados como abogados defensores siguen dilatando el caso de forma impune.
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La ley y acordadas de la Corte obligan a la sanción a los litigantes de mala fe, pero estas normativas son letra muerta.
Los antecedentes revelan que el 11 de julio de 2000, tras las publicaciones de nuestro diario, basadas en declaraciones de policías a la Dirección de Justicia Policial, los entonces fiscales María Teresa González (hoy camarista), Andrés Casati (exjuez) y Wilfrido Peralta (juez de sentencia) se constituyeron en la Agrupación Especializada para escuchar la versión del oficial inspector Jorge López, víctima de torturas en la comisaría 11 metropolitana, señalado junto al excomisario Alfredo Cáceres y otros camaradas de estar implicados en el supuesto golpe de Estado del 18 y 19 de mayo de 2000, contra el gobierno de Luis González Macchi.