Para pedir la libertad ambulatoria, la abogada defensora Alba Zaracho había argumentado la semana pasada a favor de sus clientas que estas ya cumplieron la pena mínima de 6 meses como prisión preventiva, que se cumplió el 26 de diciembre.
Sin embargo, el juez Sosa Pasmor sostuvo en aquella oportunidad, en ocasión de la revisión de medidas, que la prisión preventiva fue de apenas tres meses y ocho días, para luego ser beneficiadas con medidas sustitutivas a la prisión preventiva (arresto domiciliario) desde el 4 de setiembre de 2015.
Es decir, a criterio del juzgado de Sosa Pasmor, la prisión preventiva aún no cumplió los 6 meses que alega la defensa.
Thomaz y Gill tienen actualmente arresto domiciliario, que le había impuesto el juez penal de la causa Rubén Ayala Brun, pese a la oposición del fiscal José dos Santos.
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Ahora es la Cámara de Apelaciones de feria la que debe estudiar si confirma el arresto domiciliario, o bien, otorga la libertad a las procesadas por el fraude de los US$ 14 millones.
El supuesto cerebro de la defraudación, Carlos Sosa Palmerola, fue beneficiado con la libertad, gracias a una maniobra –bastante cuestionada–, que contó con la ayuda del ministro Sindulfo Blanco.