Paredes dio trámite de oposición al requerimiento de la fiscala Victoria Acuña, quien había solicitado la desvinculación de las personas nombradas.

Este proceso tiene su origen en una denuncia realizada por un grupo de socios, que descubrió una serie de operaciones irregulares que causaron un perjuicio de G. 1.200 millones al 30 de marzo del 2018.

Precisamente luego de que la fiscala Acuña solicitara el sobreseimiento definitivo de los consejeros citados, la querella promovida por los socios recusó a la agente fiscal por parcialidad manifiesta.

En ese sentido, sostienen que los procesados citados avalaron con sus firmas 81 operaciones irregulares de préstamos, con tasa preferencial para los asociados, y además firmaron varios contratos, motivo por el cual tienen responsabilidad en los hechos denunciados.

Acuña acusó solamente a César Rodrigo Amarilla, gerente del Consejo de la Caja de Jubilaciones, por un perjuicio de G. 377.111.310, hasta el 31 de diciembre de 2016. Ahora la Fiscalía General del Estado debe resolver si ratifica o rectifica el requerimiento de Acuña.