Sánchez planteó la acción de inconstitucionalidad bajo el patrocinio del abogado Ardonio Sánchez Garcete (su hermano).

La defensa plantea a la Sala Constitucional de la Corte que se revoquen dos resoluciones. Una tiene que ver con el rechazo que hizo la jueza Yolanda Morel de contabilizar el tiempo de pena impuesta en Brasil (4 años por lavado de dinero producto del narcotráfico) que lleva cumplida en nuestro país bajo una libertad condicional (decretada en el vecino país) y otra es de la Cámara de Apelaciones que tuvo la misma postura de la magistrada de ejecución.

Morel había resuelto: “Atento al pedido de informe de comparecencia del condenado, no ha lugar por improcedente”.

Sin embargo, la jueza señala la audiencia de revisión de medidas que es dilatada por la defensa con recursos como reposiciones, hasta recusaciones de camaristas.

Esto se debe a que el político sabe que incumplió las reglas de conductas impuestas en el Brasil para su libertad condicional.

De hecho, era físicamente imposible su realización porque “Chicharõ” estaba preso en Tacumbú (por otra causa de lavado de dinero abierta en Paraguay), cuando obtuvo su libertad condicional en la justicia brasilera y el traslado de la pena para cumplir en nuestro país.

El diputado suplente, inclusive, ya planteó a Morel su “incompetencia” para revocar su libertad condicional, lo que fue rechazado en todas las instancias.

En su acción, Sánchez aduce que la jueza Yolanda Morel y la Cámara violan su derecho a la amplia defensa, quebrantan el estado democrático de derecho, el Pacto de San José de Costa Rica y normas procesales.

Su proceso por lavado

Carlos Rubén, Ardonio y Denilso Sánchez, este último intendente de Capitán Bado, también chicanean su proceso por lavado de dinero, asociación criminal y delitos vinculados al narcotráfico (lavado y asociación). Incluso, los hermanos ya fueron acusados y hay pedido de juicio. El caso no tiene juez y no se puede resolver el pedido de prisión preventiva.