En reunión de prensa la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay explicó que Panambí vivía en condición de criadazgo desde hace 10 años, tiene certificación de víctima de trata interna y además fue víctima de abuso sexual.
Los voceros explicaron que llegó al nosocomio con signos de haber sido abusada, torturada y fue obligada a ingerir soda cáustica. La niña se encuentra en Asunción, estuvo dos semanas en una situación médica estable pero grave, luego entró por casi 3 semanas a terapia intensiva con un cuadro sumamente complejo.
Logró salir de terapia intensiva y actualmente está en una sala, en proceso de recuperación. De la reunión de prensa participaron las demás organizaciones que trabajan en defensa de los derechos de humanos de las personas.
Elba Núñez, de Cladem Py, señaló que la medida cautelar dispone concretamente que el Estado paraguayo le tiene que garantizar de manera inmediata todo el tratamiento médico adecuado y de manera integral con especialistas, para que los derechos de Panambí estén suficientemente representados en esta causa.
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“Hay que tener en cuenta que se trata de una víctima de trata interna, se tienen que extremar las medidas de seguridad y protección porque en estos momentos los tratantes aún están prófugos. Sabemos que hubo muchas deficiencias en el sistema de investigación, recién después de 10 días se dictó orden de captura para las personas sindicadas como los responsables, ella está en situación de riesgo, en una sala sola, cuidada y alimentada, pero en realidad tienen que extremar las medidas de seguridad para que la niña pueda recuperar no solamente su vida sino su proyecto de vida, de eso se trata la medida cautelar”.
Aníbal Cabrera, de CDIA, manifestó que no es solamente responsabilidad del Poder Ejecutivo, también del Legislativo y Judicial.
“No tienen un programa de atención específico para niñas víctimas de violencia sexual. Este caso nos muestra las falencias que tiene el Estado, nos preocupa que se vayan repitiendo este tipo de patrón que vemos de forma constante y que las respuestas que da el Estado paraguayo no condicen efectivamente con la garantía de derechos”, manifestó.