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La denuncia ante la unidad de Delitos Económicos y Anticorrupción había sido presentada por el ingeniero Hermann Pankow.
Los camaristas Cristóbal Sánchez, Agustín Lovera Cañete y José Waldir Servín consideraron que el Ministerio Público se ratificó en el requerimiento de desestimación de la denuncia y que, en ese caso, la ley no establece otra salida.
El fiscal Nelson Ruiz, quien en estonces integraba la referida unidad especializada, había pedido la desestimación de la causa, pero el juez de garantía Gustavo Amarilla le dio trámite de oposición.
Sin embargo, el fiscal adjunto Augusto Salas, en representación de la Fiscalía General del Estado, ratificó el requerimiento de Ruiz.
Salas trajo a colación el dictamen elaborado por las peritas del Ministerio Público, arquitecta Olga Fleitas e ingeniera Ross Franco, quienes dijeron que no encontraron anomalías cuando se constituyeron en la cuestionada obra.
Los antecedentes de este caso revelan que el superviaducto fue construido a un costo de G. 124.210 millones y la obra fue adjudicada en una dudosa licitación pública a la empresa española Isolux Corsán, investigada en su país por participación en un esquema de coimas.