Los amparistas se alzan contra una convocatoria a remate público de la Caja, hecha por su actual presidente Luis Caballero Candia y los miembros del Consejo René Medina y Roberto Cárdenas. Los dos primeros están acusados y chicanean el proceso por lesión de confianza a raíz de un perjuicio de más de G. 10.000 millones a la Caja. Cárdenas es exintendente de Lambaré y tiene dos imputaciones.
Los accionantes no solo critican el hecho de que la Caja no haya informado a los jubilados los bienes a ser rematados. Además resaltaron que miembros de la Asociación de Rematadores Judiciales, Julio Rivarola (presidente), Juan Willings e Isabelino López, cuestionaron las irregularidades en la convocatoria para la elección del rematador que tendrá a su cargo la venta en subasta. Los mismos, en una publicación de ABC Color del pasado 19 de setiembre, dijeron que se “busca direccionar el concurso”.
El Consejo de Administración, inclusive, el 14 de setiembre pasado rechazó una solicitud de “reconsideración e impugnación” de los requisitos del llamado a rematadores.
Según Julio Rivarola, los requisitos son de difícil cumplimiento debido a que la Caja hizo la publicación del aviso un día antes del cierre de presentación. A esto se suma el desconocimiento de los bienes inmuebles a ser rematados, porque no se dio cumplimiento a las disposiciones legales que rigen en lo que respecta a la publicación.
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