El octubre de 2015, los fiscales Aldo Cantero y Luis Pináñez imputaron a Alvarenga y a su esposa Mirta Evelina Rotela, por enriquecimiento ilícito y solicitó la prisión de ambos. El juez Humberto Otazú procesó al matrimonio y fijó para el 12 de noviembre la audiencia de imposición de medidas, en la que tenía que resolver si decretaba o no la prisión solicitada por los agentes del Ministerio Público.

La primera chicana vino con la designación del abogado Jorge Coronel, al solo efecto de apartar del caso al juez Otazú, quien es amigo del referido profesional del derecho.

La intervención de Coronel hizo que el magistrado Otazú se aparte del caso, que luego pasó al juzgado a cargo de Hugo Sosa Pasmor.

Alvarenga y su defensa presentaron todo tipo de incidentes para que no se lleve a cabo la audiencia de imposición de medidas, en la que se tiene que definir su prisión y la de su esposa.

En octubre del año pasado, los fiscales Piñánez e Igor Cáceres acusaron al excomandante y a su esposa, porque no podían justificar el ingreso de 1.046 millones de guaraníes.

El juez Sosa Pasmor fijó fecha para la audiencia preliminar, en la que tenía que resolver si enviaba o no a juicio oral a los acusados. Sin embargo, los defensores pidieron al magistrado revocar su disposición, pero el mismo se ratificó. Ante esta situación, recurrieron a la Cámara de Apelación.

Los miembros de la Cámara de Apelación, Tercera Sala, confirmaron la resolución de Sosa Pasmor, pero la defensa de Evelina Rotela solicitó una aclaratoria y al mismo tiempo recusó a los camaristas. Fue en junio pasado. Desde entonces, el expediente subió a la Sala Penal de la Corte, cuyos miembros tienen que resolver la recusación de los magistrados de segunda instancia, que evidentemente tiene un fin solamente dilatorio.

Apenas una muestra

El caso del excomandante y su esposa es apenas una muestra de la dilación de los procesos. Es inadmisible, que a casi dos años de la imputación no pueda hacerse la imposición de medidas. La justicia se mostró muy complaciente con Alvarenga, su esposa y los abogados, que hasta ahora ni siquiera recibieron una llamada de atención por el ejercicio abusivo del derecho.

El artículo 112 del Código Procesal Penal, que habla de buena fe, dice que “las partes deberán litigar con buena fe, evitando los planteos dilatorios y cualquier abuso de las facultades que este código les concede...”.

El artículo 113 (Poder de disciplina) del mismo cuerpo legal refiere que “los jueces velarán por la regularidad del litigio, el ejercicio correcto de las facultades procesales y la buena fe...”.

El 114 (CPP-Sanciones) apunta que “cuando se compruebe mala fe o se litigue con temeridad, los jueces podrán sancionar hasta con cien días multa en casos graves o reiterados y, en los demás casos, con hasta cincuenta días multa o apercibimientos”.

A las disposiciones del Código Procesal Penal se suman la Acordada 961/15 y el “Manual de buenas prácticas”, que buscan agilizar los procesos y también sancionar a los chicaneros.

Políticos acusados

El dilatado proceso al excomandante se suma a los del senador liberal Enzo Cardozo, del senador colorado Víctor Bogado, el diputado colorado José María Ibáñez, del exministro del Interior Rafael Filizzola, del exministro de Obras Públicas Salyn Buzarquis, del político liberal Federico Nicora, entre otros peces gordos.

Ninguno de los citados fue sancionado por trabar su proceso, pese a que las leyes y las acordadas castigan el ejercicio abusivo del derecho y la mala fe, que se dan en los casos señalados arriba.

INMUEBLES Y VEHÍCULOS

Entre el 2007 y 2014, el matrimonio compró 4 inmuebles por G. 1.712 millones.

En el 2014, compró dos departamentos céntricos, tasados en G. 171.051.000, un inmueble rural en Mbocayaty, Cordillera, de 5 hectáreas valuado en G. 1.022.500.000, otro inmueble en Luque por G. 443.700.000 y en el 2007 ya había adquirido una propiedad de 5 hectáreas en Carayaó por G. 75.000.000.

El matrimonio Alvarenga Rotela adquirió desde el 2007 al 2014, 11 rodados por un total de G. 450.732.000.

Todo esto explotó a raíz del negociado con las tarjetas para combustible de la Policía Nacional.

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