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El fiscal Luis Piñánez, en febrero de 2016, acusó y pidió juicio oral para el exministro de la Secretaría de la Niñez y Adolescencia José María Orué Rolandi y la proveedora del Estado, Nancy Lucina Godoy, por un supuesto perjuicio patrimonial de más de G. 6.000 millones al Estado.
Sin embargo, a un año y cuatro meses de la acusación, aún no se pudo hacer la audiencia preliminar en la que se tiene que resolver si los procesados afrontan o no juicio oral y público.
Los incidentes dilatorios promovidos por la defensa de los acusados contribuyen a dilatar la causa. Además, se habla de una fuerte presión desde el Jurado de Enjuiciamiento para blanquear a la proveedora del Estado, que es una mujer con mucho poder económico.
Según fuentes judiciales, un alto funcionario del órgano juzgador, muy cercano al titular del Jurado el senador colorado, Óscar González, es el que estaría operando en el Poder Judicial para dejar impune el caso.
Las fuentes aseguran que esto se puede confirmar viendo las filmaciones de las cámaras de seguridad, que están en el sector de los juzgados de garantías.
El caso estaba a cargo del juez Julián López, quien fue recusado. El expediente pasó a su colega, José Delmás, que después se apartó del juicio debido a que la Cámara de Apelación anuló su resolución por la cual embargó los bienes de los acusados hasta cubrir la suma de G. 6.000 millones.
La causa pasó ahora al juzgado a cargo de la abogada Rosarito Montanía, según se informó.
LOS ANTECEDENTES
El fiscal Luis Pináñez había presentado la acusación ante la recusación que radicó Nancy Godoy contra la fiscala Josefina Aghemo.
Godoy, de la firma Granos y Aceites, fue adjudicada tras una licitación pública para la adquisición de insumos alimenticios destinados a niños y adolescentes que viven en las calles en situación de extrema pobreza y que son beneficiarios de los programas “Abrazo” y “Painac”.
Se debía cubrir desayuno, almuerzo y merienda para los 54 centros abiertos comunitarios y de protección. Sin embargo, solo se habría entregado una mínima parte de las mercaderías con la complicidad de funcionarios de la Secretaría de la Niñez.