Tras recusar a los miembros del Tribunal integrado por Ramón Trinidad Zelaya, Benito González y Samuel Silvero en varias ocasiones sin lograr la separación de los letrados, el defensor Víctor Azuaga apunta ahora a los representantes del Ministerio Público.
Ayer, el letrado pidió la separación de los fiscales Jalil Rachid, Liliana Alcaraz y Juliana Giménez, con lo cual el Tribunal se vio obligado a declarar un cuarto intermedio, hasta tanto el fiscal general del Estado designe a reemplazantes de los recusados o bien se expida sobre la recusación.
Las sucesivas suspensiones del juicio hicieron que el colegiado solicitara la intervención de la Dirección General de Auditoría de Gestión Judicial, a los efectos de verificar la actuación de los defensores Víctor Azuaga, Amelio Sisco, Pablo Aguayo, Víctor Azuaga y Albino Martínez. Hasta la fecha la referida repartición no se ha expedido aún sobre la situación de los letrados.
La masacre de Curuguaty, ocurrida el 15 de junio de 2012 durante un desalojo en Campos Morombí, dejó un saldo de 17 muertos, seis policías y once campesinos, y derivó en el juicio político y destitución del entonces presidente Fernando Lugo.
La acusación sostiene que los invasores orquestaron un plan para emboscar a los agentes que ingresaron a la propiedad con el fin de realizar un desalojo pacífico.
Están procesados por homicidio doloso en grado de tentativa, invasión de inmueble ajeno y asociación criminal Rubén Villalba, Felipe Martínez, Luis Olmedo, Adalberto Castro, Arnaldo Quintana, Néstor Castro, Lucía Agüero, Fani Olmedo y Dolores López y por invasión de inmueble y asociación criminal, Alcides Ramírez y Juan Tillería.
Por otro lado, Felipe Nery Urbina ha sido acusado por frustración a la persecución y ejecución penal, pero su juzgamiento se hará por separado, a petición del defensor público Joaquín Díaz, a raíz de las sucesivas suspensiones del juicio. Idéntica es la situación de la adolescente acusada por tentativa de homicidio doloso, invasión de inmueble ajeno y asociación criminal, cuya audiencia ha sido postergada en dos ocasiones, como consecuencia de la dilación del juicio principal.