Año nuevo, pero con las mismas chicanas de siempre. La última convocatoria para el juicio oral y público al extitular del INDI, Rubén Darío Quesnel, fijada para ayer, quedó nuevamente en la nada, a raíz de la recusación en masa presentada por el exfuncionario público contra los magistrados que integran el Tribunal y contra los fiscales de delitos económicos René Fernández y Luis Piñánez.
Los jueces recusados son Víctor Alfieri, María Luz Martínez y Elio Ovelar y el argumento es supuesta “parcialidad”, porque según la defensa, palabras más palabra menos, el Tribunal persiste en realizar su juicio, cuando hay casos que llevan tres años sin realizar siquiera la audiencia preliminar.
En realidad, la de ayer fue la undécima convocatoria frustrada desde la primera cita fijada para la realización de este juicio, que fue en mayo del 2016.
Quesnel, rápido para vaciar las cuentas del ente –la acusación refiere que los más de G. 3.000 millones fueron retirados por el mismo y por la coprocesada Marlene Mendoza en menos de un mes– se muestra así renuente a rendir cuentas ante la justicia de sus actos.
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Además de Quesnel, también están procesados Marlene Mendoza, exdirectora de administración y finanzas del Indi; Ever Otazo, funcionario de la Contraloría comisionado al Indi, donde cumplía la función de jefe de Recursos Humanos; y Óscar Enrique Viera, presidente de la Fundación Reforeast Par, quien firmó el recibo correspondiente a la totalidad de la millonaria suma desaparecida, que él dice no haber recibido.
Comunidades perjudicadas
Según la acusación, a inicios del 2013 G. 3.127.191.527 que estaban depositados en dos cuentas del BNF y debían ser destinada a la compra de tierras para las comunidades Yakye Axa y Sawhoyamaxa, en cumplimiento de un fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, fueron retirados en forma irregular por autoridades del Indi y no llegaron a destino.