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Además, el colegiado impuso una indemnización a la víctima por la suma de G. 25 millones.
La fiscala Natalia Acevedo sustentó la acusación y se mostró conforme con la pena impuesta.
“Este pago es sumamente relevante, pues es uno de los primeros casos en el que se cumple la disposición legal de indemnización a la víctima, de acuerdo al artículo 17 y 18 de la Ley Integral 4788/12 y el embargo de los bienes del acusado”, explicó la agente fiscal.
El caso se remonta a enero de 2013, cuando una joven oriunda de Areguá fue llevada a Argentina con la promesa de trabajar como empleada doméstica con remuneración de G. 2 millones. Esto no aconteció debido a que jamás recibió paga alguna; fue encerrada y constantemente abusada sexualmente por Montans, hasta que logró escapar.