En la ocasión, el joven estudiante de Derecho Iván Recalde, quien se desplazaba en una camioneta 0 km adquirida en diciembre último, fue esposado, rociado con gas pimienta (lo cual le causó lesiones en el ojo izquierdo y en la piel) y detenido por horas por no contar con chapa, pese a que el propio fiscal ordenó su libertad.
La fiscala Liliana Zayas solicitó una condena de 4 años y 9 meses de prisión, y el abogado querellante, Juan Rafael Ramírez, una pena de 5 años de reclusión.
El fallo fue el resultado del voto unánime del tribunal de sentencia presidido por María Luz Martínez e integrado por Víctor Alfieri y Daniel Ferro.
El colegiado consideró que Sosa hizo uso desmedido de la fuerza sin motivo alguno, pues el joven no tenía antecedentes, no se resistió al procedimiento y estaba dentro del plazo establecido para la obtención de la chapa, y los tres testigos cuyas supuestas firmas se observan en el acta de procedimiento negaron haber firmado el reporte.
El tribunal dispuso que quede recluido en la Agrupación Especializada.
El defensor Édgar Ledesma calificó la condena de “injusta”.