Sosa recusó a la magistrada por supuesta falta de notificación de la conformación del tribunal de sentencia, que además está integrado con los jueces Víctor Medina y Lourdes Peña. También cuestionó el adelantamiento que dispuso este tribunal ante el peligro de extinción de la causa.
Los camaristas de la Primera Sala sostienen que estos motivos no son suficientes para apartar a un juez de una causa, sobre todo cuando el acusado tiene los recursos procesales para lograr su revisión ante el Tribunal de Alzada.
En este mismo caso ya fueron condenados el año pasado los expresidentes de Cajubi Víctor Bogado y Mariano Escurra Vicesar, a 14 años de prisión, tras constatarse en un juicio oral el perjuicio de US$ 48 millones, a través de supuestas inversiones en el extranjero.
Sosa no fue enjuiciado en esa oportunidad porque alegó que tenía problemas de salud.
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La fiscala Victoria Acuña sostiene que durante la gestión de Sosa (2007-2008) la Cajubi habilitó el quorum para autorizar remisiones de millones de dólares al exterior para inversiones inmobiliarias, de minería, entre otras, que resultaron inexistentes.