La causa penal es por el negociado con la compra de 5.000 hectáreas de tierra en Cordillera, a la firma San Agustín, vinculada al senador Jorge Oviedo Matto, y que según la fiscalía causó un perjuicio de G. 47.000 millones.
Los camaristas José Agustín Fernández, Delio Vera Navarro y Anselmo Aveiro declararon inadmisibles los incidentes propuestos por los acusados, que ya habían sido rechazados por el juez penal de garantías Rubén Riquelme, en ocasión de realizarse la audiencia preliminar en noviembre de 2015.
Los camaristas rechazaron el incidente de terminar el proceso penal por conciliación que planteó Ortigoza. Además confirmaron el rechazo de exclusión de pruebas y de nulidad de la acusación fiscal promovida por el diputado Milciades Duré, otro procesado en este caso.
La Cámara además confirmó el rechazo del pedido de sobreseimiento definitivo que pidió Justo Gamarra. Además ratificó que no corre la suspensión condicional del procedimiento solicitado por Víctor Blanco y Mario Echeverría.