Luz Antúnez, Alberto Martínez, Edward Vittone y Roberto Torres conforman el Consejo de Administración Judicial y como tales sacaron resoluciones por las cuales se asignaron G. 3 millones para combustible y G. 1 millón para celular.
También otorgaron G. 1.200.000 a la secretaria del Consejo, que ocupa en forma interina Geraldine Cases, secretaria del Consejo de Superintendencia de la Corte.
De esta forma los que tendrían que velar por el buen uso del dinero público son los que promueven el despilfarro.
Los cuatro consejeros perciben como sueldo la suma de G. 37 millones, a los que se deben sumar G. 4 millones (combustible y teléfono), con lo que al mes llevan G. 41 millones.
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Antúnez, Torres, Martínez y Vittone se embolsarían una suma igual a la de los ministros de la Corte de no ser la asignación de G. 3 millones al mes que les hicieron a los miembros del alto tribunal para el pago por los teléfonos celulares.
Los consejeros se encargan de manejar toda la cuestión administrativa de la justicia y tienen tanto poder como los ministros. Sin embargo, el órgano al cual pertenecen solo fue creado por acordada, ni siquiera por ley y mucho menos por Constitución, por lo cual algunos lo consideran ilegal.
Pero la mayoría de los ministros defiende el Consejo, que entre otras cosas fue acusado por la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas de direccionar una licitación para seguro contra todo riesgo por casi US$ 2 millones, al amañar el pliego de bases. Contrataciones le ordenó que modifique algunos requisitos, ya que se comprobó que de esa forma quería beneficiar a empresas amigas.
Si bien los consejeros concursaron para llegar al cargo, existen suficientes elementos que hacen sospechar de que la mayoría de ellos responde a algunos ministros. De hecho, entre los miembros del consejo hay algunos que fueron asesores económicos de los altos magistrados y otro, como Torres, que durante 15 años fue director general de administración y finanzas del Poder Judicial.
El Consejo de Administración también es integrado por dos ministros, que son Luis María Benítez Riera (sustituyó a Alicia Pucheta) y Raúl Torres Kirmser.
Defienden decisión
El Consejo de Administración Judicial toma decisiones con base en la normativa establecida por la Acordada N° 865/13, que en su artículo 1° dispone la creación de un Consejo, dependiente de la Corte, que se encuentra dentro del ámbito administrativo de la institución.
En ese sentido las decisiones son tomadas por el Consejo de Administración compuesto por el presidente de la Corte, un ministro encargado y cuatro consejeros designados, previo concurso público de oposición.
Asimismo, el Consejo procede conforme al reglamento aprobado por la Corte a través de la Resolución N° 1043/16, dice la versión del Poder Judicial sobre las resoluciones criticadas.
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