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El intendente Raúl Isaac Mendoza está imputado por el presunto desvío de G. 3.600 millones provenientes del Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo (Fonacide) y la agente fiscal logró una prórroga de un mes para presentar su requerimiento conclusivo ante la falta de respuesta de la Contraloría.
Pérez dijo que tuvo que solicitar más tiempo porque aún aguarda el dictamen de auditoría de la Contraloría.
Sin embargo, el propio contralor general Enrique García le contestó el 15 de febrero último que el ente que dirige es “un órgano con autonomía funcional y administrativa, y no un órgano auxiliar”.
En ese sentido, indicó que el Código Procesal Penal determina que “la competencia en lo relativo a la promoción de la acción penal pública corresponde al Ministerio Público, con relación a los hechos punibles que lleguen a su conocimiento, y en este caso particular existe una investigación impulsada por ese organismo fiscal”.
A su vez, García le “recordó” a la fiscala que como requisito para abrir un proceso deben necesariamente darse los presupuestos fácticos. Sobre el punto, dijo: “Ello implica que el proceso penal no puede estar supeditado a la programación de una verificación de la Contraloría General de la República, en su caso cuando esta realiza procesos de fiscalización y detecta indicios de hechos punibles, procede a comunicar al Ministerio Público”.
En este caso en particular, García menciona que la Contraloría ya practicó una auditoría por el periodo correspondiente al Ejercicio Fiscal 2013, cuyo informe final fue remitido en su oportunidad a las instancias pertinentes.
La fiscala Pérez quería que un auditor contable realizara un examen completo de la administración y gestión del intendente imputado, en el periodo correspondiente desde 2010 al 2015. Además, que un auditor informe el monto total de las diferencias halladas entre los fondos de royalties y Fonacide transferidos.