Contrataciones blanquea sospechosa adjudicación de la Justicia Electoral

Una investigación preliminar de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas concluyó que no existieron irregularidades en el proceso licitatorio de la Justicia Electoral para la impresión de boletines de votos, para las elecciones internas de 2017 y las generales de 2018, por casi G. 10.000 millones. Así, la DNCP blanqueó la dudosa adjudicación a las empresas AGR SA y Servipress, mimadas del TSJE.

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La Coordinadora de Abogados del Paraguay, presidida por Kattya González, había denunciado una sobrefacturación en el precio a ser pagado por los boletines de voto. Dijo que se debería pagar G. 45 por cada papeleta y no G. 275, como fue adjudicado por la justicia electoral. El gremio respaldó su denuncia en un informe técnico proveído por la Asociación de Industriales Gráficos del Paraguay.

Sin embargo, la jueza sumariamente, abogada Thania Ferreira Burgos, concluyó que no existen méritos para la apertura de un sumario. Su argumento a favor del TSJE, incluso fue más fuerte que la defensa presentada por las autoridades del Tribunal Superior de Justicia Electoral.

Ferreira Burgos señaló que el informe de los industriales gráficos no fue adosado a la denuncia presentada por González y que, además, dicha asociación, pese al informe que la DNCP le solicitó, nunca envió el documento técnico en el que se cuestionó la licitación. Este hecho llama la atención, ya que el titular de dicha asociación, Paolo Barchini, fue el que realizó una denuncia pública con respecto a la adjudicación supuestamente sobrefacturada. Dijo que en el 2015 se pagó G. 45 por cada bolentín, y ahora se abonará G. 275.

Un promedio

La denuncia la Coordinadora también refirió que el precio adjudicado es muy superior al mercado. Para ello, según la jueza sumariamente, se solicitó la cooperación de distintas empresas gráficas a los efectos de la estimación de precios para la impresión de boletines de votos. Así surgieron valores desde G. 79 a G. 559. Es por ello que se sacó un cálculo promedio que quedó en G. 388. “Lo que lleva a deducir que el precio de referencia elaborado por la convocante se acerca razonablemente al valor promedio que se encuentran dispuesto a pagar en el mercado”, afirmó la abogada. Es decir, según su análisis, no se puede hablar de sobrefacturación.

Por otro lado, dice que los procesos licitatorios de boletines de votos tramitados por el Tribunal Superior de Justicia Electoral en los años 2012 y 2015, utilizados como sustento de la sobreestimación de precios, presentaron diferencias sustanciales, como en dimensiones, calidad de impresión, cantidad y modelos de boletines. “Estos elementos llevan a deducir en una variación de precio entre los boletines de votos requeridos en los años 2012 y 2015 y los del 2017/2018”, acotó.

Para la jueza también quedó desvirtuada la falta de publicidad, ya que se demostró que la convocatoria publicó el llamado a licitación los días 24, 25 y 27 de marzo pasado en un diario de circulación nacional y además alzó en la página de la DNCP.

La abogada Ferreira Burgos, para blindar aun más la adjudicación hecha por la Justicia Electoral, hizo hincapié en el principio de la preclusión u oportunidad procesal para realizar un acto, debido a que en su momento no se realizó ninguna impugnación contra las bases del llamado. “Mal se podría consentir impugnaciones tendientes a dejar sin efecto un acto jurídico, más aun cuando esta no encuentra asidero fáctico legal”, enfatizó la jueza.

Por otro lado, la Fiscalía rechazó abrir una investigación penal, con el argumento de que no se puede hablar de lesión de confianza atendiendo que la Justicia Electoral no desembolsó aún el dinero.

Dos empresas “mimadas” por el TSJE

Llamativamente, las empresas AGR SA (adjudicada con G. 5.967.900.000) y Servipress (con G. 3.978.600.000 son las únicas que se presentaron a la licitación convocada por el Tribunal Superior de Justicia Electoral. Además, el pliego de bases y condiciones se habría hecho a medida de la segunda firma, para que pueda cumplir con todos los requisitos exigidos.

Servipress, de acuerdo a fuentes, no tendría la capacidad para elaborar la cantidad de boletines a la que se habría comprometido.

Lo cierto y concreto es que tanto AGR como Servipress son dos firmas “mimadas” por la Justicia Electoral, y a lo largo de los años fueron beneficiadas con numerosas adjudicaciones.

Por ejemplo, AGR, cuyos representantes legales son Domingo Riquelme y Cristina Morel, ya se embolsó más de G. 32.000 millones, y Servipress, representada por Eduardo Verón Cardozo, ganó más de 19.000 millones de guaraníes.

La dos empresas seguirán recibiendo dinero de la Justicia Electoral, con la adjudicación para los boletines de las elecciones 2017 y 2018, ya que todo el proceso, supuestamente irregular, no solo fue blanqueado sino también blindado por Contrataciones Públicas. Delitos Económicos de la fiscalía también allanó el camino.

cbenitez@abc.com.py

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