En el rechazo del pedido de reconsideración, la Dirección Nacional de Contrataciones Pública, DNCP, refirió que la Corte Suprema no desvirtuó lo argumentado en la resolución recurrida, mediante la cual se había ordenado al máximo tribunal de la República modificar algunas cláusulas del pliego de bases y condiciones.
Contrataciones ratificó el llamativo cambio de criterio de la Corte en cuanto a los indicadores establecidos en anteriores llamados con respecto al seguro contra todo riesgo para el Poder Judicial.
Los antecedentes revelan que el alto tribunal convocó el año pasado a una licitación pública nacional, subasta a la baja electrónica, para la contratación de seguros contra todo riesgo. Se presentaron varias empresas, que luego se encontraron con la sorpresa de que en el pliego de bases y condiciones se incluyeron ciertos requisitos que solamente podrían cumplir determinadas empresas.
Uno de los requisitos más cuestionados por algunos oferentes fue la “exigencia arbitraria” con respecto al “capital mínimo de 5 años atrás”. Así se estaría direccionando la licitación a favor de ciertas firmas. En años anteriores la exigencia era de solo 3 años.
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Las firmas Patria SA de Seguros y Reaseguros y Panal Compañía de Seguros Generales SA protestaron ante la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas y esta hizo lugar parcialmente a la demanda de Patria de Seguros y Reaseguros.
“Es contundente que el cambio de criterio operado en el proceso de contratación estudiado –solicitando el capital mínimo de más de tres últimos ejercicios– no condice con la justificación elevada por la Corte, pues si bien la suma hoy cubierta resulta considerable e incluso mayor a lo asegurado en las contrataciones pasadas, esta situación es semejante a la registrada en el año 2016 –respecto al llamado 2015–, por lo que el fundamento expuesto por la convocante carece de fuerza necesaria para sostener su postura”, dice la primera resolución, Nº 453/17, del 9 de febrero pasado, de la Dirección Nacional de Contrataciones.
El seguro contra todo riesgo actualmente y desde hace años está a cargo de La Consolidada de Seguros SA, Aseguradora Yacyretá y Patria SA de Seguros.
Consejo
El proceso licitatorio está a cargo del Consejo de Administración integrado por los ministros Alicia Pucheta (este año sustituida por su colega Luis María Benítez Riera) y Raúl Torres Kirmser y los consejeros Roberto Torres, Luz Antúnez, Edward Vittone y Alberto Martínez, quienes entre sueldo y gasto de representación cobran al mes G. 36.792.000.
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