El presidente del JEM, Cristian Kriskovich, remitió los informes de carácter público a la Coordinadora de Abogados, pasado el mediodía de ayer.
Durante la presidencia del exsenador Óscar González Daher, se había negado a entregar dichos informes, incluso recurrió, como última instancia una acción de inconstitucionalidad ante la Sala Constitucional de la Corte (que luego fue desistida por Kriskovich), contra el fallo de la Cámara que hizo lugar un amparo promovido por la Coordinadora para obtener los datos.
Los documentos entregados por el JEM son voluminosos, y la presidenta de la Coordinadora Kattya Mabel González manifestó que le tomará cierto tiempo analizarlos.
El JEM entregó carpetas de las actas de las sesiones ordinarias y extraordinarias de los años 2015 y 2016, documentos con informes detallados sobre la cantidad de magistrados denunciados y el estado en que se encuentran cada uno de ellos.
De igual manera, el JEM entregó un biblioratos con las resoluciones de los Autos Interlocutorios del año 2015 y 2016, sentencias definitivas de 2015, 2016 y 2017.
En la web
El JEM también anunció que con el fin de facilitar el acceso a todos los ciudadanos de las informaciones relativas a la institución, se han publicado en el portal digital, todos los datos correspondientes a los expedientes tramitados en las dos secretarías, con relación a la cantidad y el estado de los mismos. También se han actualizado los datos administrativos y los que se refieren a los funcionarios, así sean contratado o permanentes.
Portal para denuncias
El Jurado de Enjuiciamiento también anuncia la implementación de un buzón de quejas, denuncias y reclamos ciudadanos, que será lanzada en los próximos días.
Informe sobre “planilleros”
-La Coordinadora de Abogados también solicitó informes y que posiblemente no fueron proveídos por el JEM, acerca de 43 funcionarios a los que se pagaron en el 2016 más de G. 845 millones, quienes habrían sido operadores políticos o simplemente planilleros del exlegislador González Daher. En diciembre pasado, Kriskovich dispuso la desvinculación de 55 funcionarios contratados, exonerados de registrar sus presencias en el JEM.