La defensa de Soares para trabar una vez más su audiencia preliminar del 10 de diciembre de 2015 alegó que promovió una acción de inconstitucionalidad contra la resolución de la Cámara de Apelaciones que ordenó proseguir esta audiencia.
Sin embargo, el secretario de la Sala Constitucional Arnaldo Lévera informó a los camaristas de la Tercera Sala, Agustín Lovera Cañete, Emiliano Rolón y José Waldir Servín, que en esa instancia no se promovió ninguna acción de inconstitucionalidad como había alegado Soares.
En la frustrada audiencia preliminar de diciembre del año pasado la fiscala Lidia Victoria Acuña había contestado que la sola interposición de la acción de inconstitucionalidad no tiene el efecto de suspender la audiencia preliminar, a no ser que desde la Corte se haya dictado una medida de urgencia que así lo disponga.
La audiencia debe proseguir con la jueza penal de garantías Lici Sánchez.
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En la audiencia preliminar que se inició en diciembre de 2014, la fiscala Acuña ratificó la acusación por lesión de confianza y pidió juicio oral, además, para Alfredo Guachiré. Aseguró que el perjuicio para la SEN fue de G. 1.224.976.100, al sobrefacturar alimentos para damnificados por la crecida de varios ríos. La causa se inició el 14 de abril de 2010.
La preliminar se trabó en 2014 cuando el juez Pedro Mayor realizó una consulta constitucional a la Corte.