El juicio fue promovido por las abogadas Solange García y Florencia Saguier, en representación del ciudadano Juan Leguizamón Zorrilla, que denunció haber sufrido daños material y moral por la sistemática persecución, prisión y torturas durante la dictadura del general Alfredo Stroessner.
Los ministros de la sala civil y comercial de la máxima instancia judicial, Oscar Bajac, Raúl Torres Kirmser y César Garay Zuccolillo resolvieron declarar operada la caducidad de la instancia, tal como solicitaron el procurador general de la República Roberto Moreno y el procurador adjunto Vicente Daniel Rodríguez.
Millonario ahorro
“Con el dictado de este fallo hemos logrado ahorrar definitivamente la suma de G. 676.557.024 en concepto de capital en reclamo. En el rubro de intereses legales generados son 53 meses desde la promoción de la demanda, que en totalizan la suma de G. 1.075.725.630, que es el total ahorrado al Estado”, explicó el procurador adjunto Rodríguez.
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