Corte audita beneficios a exautoridades de la SAS

La Corte Suprema de Justicia ordenó auditar el caso del exdirector de la Secretaría de Acción Social Rodrigo Lezcano, para saber por qué el condenado por desvío de G. 1.600 millones tiene libertad condicional, sin pisar la cárcel. Las salidas de la exministra Judith Andraschko también están en la mira.

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El insólito beneficio concedido al exdirector del programa Pra-Tierra, condenado a 4 años de prisión, se dictó durante la feria judicial, cuando la causa estuvo a cargo de la jueza de feria Lourdes Scura.

La decisión causó estupor en la ciudadanía debido a que el favorecido jamás pisó la cárcel, y porque coincidió con la prisión en la cárcel de Emboscada decretada contra el abogado Paraguayo Cubas, imputado por tres delitos a raíz de una pintata realizada en la residencia del fiscal general del Estado.

Los antecedentes del caso revelan que en ocasión de dictar su condena, el 9 de agosto del 2013, el Tribunal de Sentencia decretó la prisión de Lezcano. Tras pasar dos días en el Departamento Judicial de la Policía Nacional, el exdirector de la SAS, fue beneficiado con arresto domiciliario por disposición de la jueza Ana María Llanes.

Una vez ratificada la condena, la jueza levantó el arresto y decretó su captura, que nunca se ejecutó. Esta decisión fue objeto de una acción de inconstitucionalidad, que jamás se resolvió.

Aún así, en la feria de enero pasado Lezcano planteó un pedido de libertad condicional, con el argumento de que cumplió las dos terceras partes de la pena en su casa. La fiscala de feria se opuso a la realización de la audiencia por falta de algunos informes, pero la diligencia se realizó de todas maneras y el 31 de enero pasado, Lezcano quedó “oficialmente” libre.

La fiscala de feria Celia Beckelmann afirmó que la audiencia que concluyó con la libertad es nula, pues indefectiblemente debe realizarse con la participación del Ministerio Público.

En esta causa, la exministra Andraschko –sentenciada a 5 años de pena privativa de libertad– ha sido beneficiada con salidas transitorias, en audiencias realizadas sin participación de la Fiscalía que llamativamente, no apeló lo resuelto.

Por resolución del Consejo de Superintendencia de la Corte Suprema de Justicia, ahora la Dirección General de Auditoría de Gestión Jurisdiccional deberá examinar el expediente y verificar si se han cumplido todos los pasos procesales o si existía algún impedimento para favorecer al condenado con la libertad condicional, sin haber pisado la cárcel.

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