El resultado de la auditoría se aguardará con mucha expectativa, puesto que la Sala Constitucional de la Corte fue una de las que más dilató este proceso por tortura. De los antecedentes se tiene que solamente el exministro Víctor Núñez tuvo en su poder por más de dos años el expediente, desde el 5 de abril de 2004 hasta setiembre de 2006, cuando fue preopinante de una inconstitucionalidad presentada por una de las defensas.
Luego se supo que el entonces ministro José Altamirano emitió su voto el 13 de setiembre de 2006, luego del cual el expediente “desapareció”.
De las averiguaciones realizadas entonces en secretaría, se constató que el 7 de marzo de 2007 el expediente estaba nuevamente en poder del exministro Núñez, según constancias del cuaderno de recibo correspondiente.
Esta es apenas una muestra de la “manito” que dieron desde la Corte al exministro del Interior Walter Bower.
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Luego de sucesivas recusaciones e inhibiciones, la causa fue a parar en el juzgado a cargo del juez penal de garantías Gustavo Amarilla Arnica, quien en diciembre pasado realizó las notificaciones a las partes para hacer saber que aceptaba el expediente.
Ayer, el juez de garantía Amarilla recibió el informe de la Dirección General de Gestión Jurisdiccional, a cargo del abogado Mario Elizeche, donde le informa que se desempeñará como auditora del expediente la abogada María Silva Díaz Heisecke.
La causa caratulada “Basilio Pavón y otros s/ lesión corporal en el ejercicio de funciones públicas” es el proceso en que está acusado el exministro Bower, así como los policías Merardo Palacios y Osvaldo Vera. El policía Pavón ya falleció hace unos años.
Este proceso está por cumplir 16 años sin que hasta la fecha pueda realizarse aún la audiencia preliminar debido a las chicanas.
Antecedentes de la causa
- Los antecedentes del caso de tortura refieren que Ricardo Báez Duarte declaró como testigo ante el fiscal Centurión en el expediente iniciado a Walter Bower y los policías Merardo Palacios, Juan Basilio Pavón y Osvaldo Vera Espínola, acusados de haber detenido y torturado a los policías Alfredo Cáceres, Jorge López y Lorenzo Genes, durante un hecho ocurrido el 21 de mayo de 2000, en la comisaría 11ª metropolitana y la Marina, tras el frustrado golpe de Estado. Supuestamente la sesión de tortura se realizó bajo la atenta mirada del exministro Bower. La Corte declaró que esta causa es imprescriptible.