Corte debe destrabar Cajubi

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El próximo miércoles 1 de febrero se reanudan las actividades en tribunales tras la culminación de la feria judicial. Una de las tareas pendientes que tiene la Corte Suprema que preside Alicia Pucheta es la integración de la Sala Penal que debe analizar las casaciones que plantearon los condenados por el desfalco de US$ 48 millones a la Caja de Jubilados de Itaipú (Cajubi).

Hasta ahora 27 magistrados, entre ministros de Corte y camaristas, se han rehusado a integrar la Sala Penal, argumentando diferentes motivos.

La dilación de jueces en cadena la inició la misma Corte cuando los ministros de la Sala Penal Pucheta, Luis Benítez Riera y Sindulfo Blanco, se apartaron de la causa de lesión de confianza en la que ya fueron confirmadas las condenas para los exconsejeros desfalcadores de la Cajubi.

Luego de la inhibición de estos tres ministros, les siguieron con igual medidas sus 6 colegas de las Salas Constitucional y Civil.

Posteriormente, el expediente fue enviado a la Cámara de Apelaciones en lo Penal, pero los 12 camaristas, al igual que los 3 camaristas de la Sala Penal Adolescente, se inhibieron por diferentes motivos para no integrar la Sala Penal.

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De igual manera, los tres camaristas en lo Civil y Comercial de la Primera Sala Marcos Riera Hunter, Óscar Paiva Valdovinos y Valentina Núñez se inhibieron para no integrar la Corte.

Ahora los miembros de la Segunda Sala, María Sol Zuccolillo, Juan Carlos Paredes y Gerardo Báez Maiola, deben expedirse si aceptan o no integrar la Sala Penal.

Los condenados a 14 años por el desfalco son los expresidentes de Cajubi Víctor Bogado y Mariano Escurra; Félix Villamayor, Walter Delgado y César Bejarano a 12 años; Ricardo Pereira Poletti a 10 años; José Alonso, José Szwako y Pabla Mieres, a 8 años, Cíbar Insfrán a 4 años y Édgar Mengual a 3 años de cárcel, por realizar “inversiones” fraudulentas.