Corte debe informar si existen trabas para hacer preliminar en caso MAG

El juez Gustavo Amarilla solicitó a la Corte Suprema de Justicia que informe si existen o no medidas cautelares dictadas en el marco de las acciones de inconstitucionalidad y recurso de casación promovidos por el senador Enzo Cardozo y Mariestela Azuaga, exministro y exdirectora de Finanzas del Ministerio de Agricultura y Ganadería, respectivamente.

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Los oficios están dirigidos a los secretarios de la Sala Penal y de la Constitucional, Karina Penoni y Arnaldo Leve, en ese orden, y fueron remitidos el viernes último.

El magistrado pide informe dentro de las 72 horas respecto a la existencia de medidas cautelares, para poder resolver si lleva o no a cabo la audiencia preliminar fijada para este viernes.

El juzgado convocó a todos los acusados, 21 en total, para el 9 de octubre, a las 08:30.

Los exministros Cardozo y Rody Godoy encabezan la nómina de los acusados, integrada también por la exdirectora de Finanzas del MAG Maristela Azuaga, el técnico en fiscalización Javier Luna Pastore y los funcionarios del ente María Lourdes Meza Vielma, Marcela del Carmen Fleitas y Alberto Riquelme Paredes.

Silvio Riveros, Lidio Irala, Ignacio Acuña Ramírez, Alcira Arzamendia, Luis Piccardo, expresidente, exvicepresidente, tesorero, secretaria y contador de la Federación Nacional de Productores Frutihortícolas del Paraguay (Fenaprofh), respectivamente, deben presentarse ante el juzgado en la misma fecha.

Completan la lista Gustavo Amarilla Fariña, Cecilia López Romero, Ceferino López Romero, Marcial Benítez, Rigoberto Rodríguez, Mario Riveros González, Ricardo Arias Arca, Eligio Centurión Samaniego y Elva Tomasa Centurión de Riveros.

Los defensores de Cardozo y Azuaga presentaron reposición contra la convocatoria, tras alegar que es necesario que la Corte Suprema de Justicia se expida primeramente sobre los recursos que presentaron, a través de los cuales plantean la nulidad del procesamiento de los imputados.

Esta causa tiene relación con el desvío de G. 68.265.418.419, monto que debió ser destinado a programas para beneficiar a pequeños productores.

Estafa y lesión de confianza son los delitos por los cuales son acusados.

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