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En ocasión de la primera convocatoria para el juicio oral y público por lesión de confianza y otros, el 9 de noviembre del año pasado, una acción de inconstitucionalidad promovida por Duré aplazó la audiencia.
Al igual que la vez anterior, la acción de inconstitucionalidad planteada por el parlamentario nuevamente obligó a postergar la diligencia por tiempo indefinido, debido que no ha sido resuelta aún.
La cuestión es objeto de estudio por parte de los ministros Miryam Peña, Antonio Fretes y Miguel Óscar Bajac.
En su presentación, el diputado objeta que la Cámara rechazó su apelación contra la disposición del juez Rubén Riquelme, que en la audiencia preliminar admitió a la fiscalía pruebas documentales proveídas por el Indert.
Además de Duré y Ortigoza, quienes son juzgados por sus actuaciones como exconsejero y expresidente del ente, en ese orden, también han sido acusados por la Fiscalía el exconsejero Justo César Gamarra y los peritos tasadores del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, Víctor Blanco y Mario Echeverría.
La acusación tiene relación con la compra de 5.000 hectáreas en Cordillera de la firma San Agustín, vinculada al senador Jorge Oviedo Matto, en diciembre de 2012. El Indert ya pagó G. 48.000 millones. Sin embargo, donó al ente los G. 12.000 millones que faltan percibir. Pericias revelaron que las tierras adquiridas son inservibles para los fines de la reforma agraria.