Los magistrados no aplican la acordada que castiga el ejercicio abusivo del derecho, atribuible a los imputados y sus representantes legales, por lo que la normativa es “letra muerta”. Llamativamente las trabas se registran en los procesos a personas con poder económico, como traficantes de droga y a políticos acusados de robar al Estado, entre otros.
En octubre de 2015, una auditoría ordenada por la Corte corroboró que las audiencias preliminares más suspendidas se daban en los causas abiertas a políticos, narcotraficantes y otros “peces gordos”. El promedio de las suspensiones era de tres veces y en no pocos casos llegaban a 10 o 15.
De las 1.300 audiencias preliminares estancadas, más del 20 por ciento era debido al ejercicio abusivo del derecho de los defensores particulares de los imputados con poder político o económico.
Este resultado había sido expuesto en una conferencia de prensa por el director de Auditoría de Gestión Jurisdiccional, Mario Elizeche.
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Los datos incluso obligaron a la entonces presidenta de la Corte, Alicia Pucheta a convocar a una urgente reunión con los jueces de garantías, quienes en la ocasión recibieron un “tirón de orejas” de la alta magistrada. Pucheta les manifestó a los magistrados que nadie les obliga a seguir en el cargo y que si no cumplen con sus obligaciones legales tienen abierta la puerta de salida del Poder Judicial.
Sin embargo, ni la auditoría, ni la advertencia de Pucheta, al parecer sirvieron de nada ya que las groseras dilaciones en los juicios a los “peces gordos” siguen siendo uno de los graves problemas de la criticada y poco creíble administración de justicia.
En abril del 2015, la Corte sacó la Acordada N° 961 que en su artículo 4° refiere que los magistrados están obligados a sancionar el ejercicio abusivo del derecho y que la resolución debe ser comunicada al alto tribunal. Además, resalta que los jueces que no ejerzan la facultad disciplinaria cometen falta grave.
Sin embargo, dicha acordada es “letra muerta”, ya que la mayoría de los jueces (las excepciones son pocas) no aplica la normativa y con esa conducta complaciente se convierten en cómplices de políticos acusados de robar al Estado paraguayo.
Según fuentes, es muy difícil que los magistrados castiguen a los abogados (sobre todo a aquellos que están a cargo de conocidos estudios jurídicos), debido a una suerte de connivencia con los mismos, ya que estos profesionales llevan adelante numerosos casos, muchos de los cuales no son publicitados y en donde resulta fácil “acordar” con los jueces.
Los ministros de la Corte tendrían conocimiento de esta situación, pero a pesar de ello no adoptan medidas contra los administradores de justicia complacientes o sirvengüenzas. Esta impunidad de la que gozan los magistrados, abogados y procesados, hace que sigan las groseras dilaciones.
Las auditorías podrán continuar, como se da actualmente, pero no se combatirán las chicanas si los miembros del alto tribunal no ponen “mano dura”. Los ministros saben que no solo hace falta un “tirón de orejas”, sino cortarles a muchos que se comprometieron a impartir justicia, pero hacen todo lo contrario.
El presidente de la Corte, Luis María Benítez Riera y los ministros Antonio Fretes, Óscar Bajac, Gladys Bareiro, Miryam Peña, Alicia Pucheta, Sindulfo Blanco, César Garay y Raúl Torres Kirmser, tienen la obligación constitucional de ejercer la superintendencia y controlar la actuación de los jueces. Es necesario que asuman su rol y que sancionen a los magistrados que no aplican la acordada que castiga a los abogados y procesados chicaneros.
Ministros cajonean
Por otro lado, los magistrados afirman que los ministros no son precisamente el ejemplo a seguir, ya que son los que más cajonean los procesos a políticos. Entre los favorecidos por los integrantes de la máxima instancia judicial figuran los senadores Enzo Cardozo (liberal) y Víctor Bogado (colorado); el diputado José María Ibáñez; el político liberal Enrique Salyn Buzarquis; el exministro del Interior, Rafael Filizzola, entre otros.
Los procesos a los políticos “duermen” en la Corte Suprema. En muchos casos, ni siquiera se puede hacer la audiencia preliminar, en la que se tiene que resolver si afrontan o no juicio oral.
Si la propia Corte ignora su acordada, es difícil que exija su cumplimiento a los jueces. Mientras, los acusados de robar al Estado siguen impunes.
Incumplimiento implica suspensión
“Los jueces o tribunales deberán sancionar a los auxiliares de justicia cuando los declare litigantes de mala fe o declare que han ejercido abusivamente el derecho o que han litigado con temeridad. La sanción a estas faltas consideradas graves se aplicará no solo al responsable, sino también al que lo ayudó a cometer”, señala una parte de la acordada.
Los magistrados que no apliquen lo dispuesto en la acordada también serán sancionados por la Corte, incluso con la suspensión. Para ello se tendrá la intervención de la Dirección de Auditoría de Gestión Judicial habían dispuesto los ministros.
Sin embargo, lo que dice la Acordada 961 nadie cumple.