Amarilla y Meza, con el voto en disidencia de Marta Acosta, otorgaron la prejudicialidad al imputado. Es decir, dijeron que primero la Subsecretaría de Tributación tiene que expedirse con respecto a la evasión y recién después continuar la investigación fiscal.
Los dos camaristas, con esta postura, buscaron “matar” el proceso penal y evitar la averiguación de otros hechos punibles como la asociación criminal y la producción de documentos públicos de contenido falso.
Según fuentes, políticos de Alto Paraná, ligados a miembros del Jurado de Enjuiciamiento estarían detrás de la impunidad de Urbieta, atendiendo que hay muchos intereses económicos en juego. Hasta ahora, el órgano juzgador de magistrados llamativamente hace la vista gorda, pese a la gravedad del hecho.
Amarilla y Meza de López son los mismos camaristas que habían beneficiado con el arresto domiciliario a Urbieta. Los camaristas revocaron una resolución del juez Marino Méndez, quien había ratificado la prisión del imputado en una cárcel.
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Para la reclusión domiciliaria de Urbieta, según la fuentes, operaron fuertemente miembros del Jurado de Enjuiciamiento.
El caso de la megaevasión fue denunciado por la Subsecretaría de Estado de Tributación y salpica a varias empresas de Ciudad del Este. Una veintena de comerciantes ya fueron imputados por el fiscal Martín Cabrera.