Corte prevé compra de lujosos vehículos para lograr una justicia “ágil y eficiente”

En el escrito presentado ante Parlamento para justificar la ampliación de alrededor de US$ 17 millones del Presupuesto 2017, el presidente de la Corte, Luis María Benítez Riera, dice que “para la construcción de un nuevo modelo de justicia, que apunte al objetivo de una justicia ágil y eficiente, a un gobierno judicial que garantice la custodia de lo derechos fundamentales y a una gestión administrativa que apoye la incorporación de la tecnología y mejore la infraestructura, racionalice el uso de los recursos económicos y a la vez profesionalice los recursos humanos”, se debe otorgar más dinero al Poder Judicial, que para este año ya tiene G. 1.253.304.532.834, a lo cual se pretende agregar G. G. 95.000 millones.

Benítez Riera refiere que el presupuesto del 2016, que rige para este año, había tenido un recorte de G. 23.631 millones y que en los últimos 3 años no presenta “variaciones positivas”, mientras se da un crecimiento sostenido de la estructura judicial que “requiere la provisión de recursos necesarios para el cumplimiento de sus planes y programas, como la implementación de nuevas normativas, que conlleva la creación de estructuras judiciales, equipamientos de las mismas y capacitación de recursos humanos”.

El ministro explica que la Corte tiene 18 circunscripciones judiciales en todas las localidades del país, “de manera que la justicia trabaje de cerca con las poblaciones más pequeñas, lo cual demanda formidable esfuerzos y recursos adecuados”.

Agrega que uno de los objetivos definido en el Plan Estratégico Institucional (2016-2020) es obtener y gestionar un presupuesto adecuado, así como el mejoramiento de la prestación del servicio de justicia para la satisfacción de los usuarios.

El titular del alto tribunal de la República apunta que el 73 por ciento de los G. 1.253.304.532.834 se destina al sueldo de los funcionarios, que totaliza la suma de G. 920.543.972.377 y el 27% es para la adquisición de bienes e insumos y el pago de gastos fijos necesarios para el funcionamiento mínimo del estamento judicial y registral, que incluye alquileres de edificios, usufructo de agua, electricidad, seguros contra todo riesgo, servicios de mantenimiento, impuestos y otros gastos administrativos.

La exposición de motivos del ministro Benítez Riera, para convencer a los parlamentarios a fin de aprobar la ampliación presupuestaria, evidentemente hace referencia a una justicia ideal, ya que el Poder Judicial está muy lejos de ser ágil y eficiente, como afirma.

La ciudadanía en general y más aún los usuarios saben que la justicia no es rápida y mucho menos cumple su función a la perfección, como define el diccionario la palabra eficiencia.

La realidad es muy diferente a lo que dice el presidente de la Corte. El Poder Judicial es lento y el servicio es sumamente deficiente, lo que genera una queja diaria de los usuarios del sistema, que no encuentran solución a sus conflictos en una sentencia definitiva.

Lo que si sacan provecho de un Poder Judicial perezoso y benevolente con los poderos son los políticos acusados de corrupción y otros peces gordos, que dilatan sus procesos ante el cúmulo de pruebas en contra y una condena casi segura en un eventual juicio oral y público.

La dilación de los procesos por la no sanción de los chicaneros, la falta de solución de los conflictos y la impunidad de los grandes ladrones del Estado y otros delincuentes de “guante blanco”, juegan en contra de una ampliación presupuestaria para una justicia que está lejos de su objetivo.

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