La Corte, presidida por el ministro Luis María Benítez Riera, en su exposición de motivos, refiere que 145 vehículos (30% de la flota) se “encuentran en estado de obsolescencia, considerando el periodo de vida útil de los mismos”. De esta forma justifica el pedido de G. 9.215 millones para la renovación de la flota de vehículos.
El alto tribunal pidió al Congreso que tenga en cuenta la descentralización de las Circunscripciones de Alto Paraguay, Presidente Hayes y Boquerón, que “recibirán montos mínimos” para la adquisición de medios de transporte.
Presupuesto total
El alto tribunal solicitó en su proyecto de presupuesto de 2018 la suma de G. 419.243 millones más que este año. Es decir, que de G. 1 billón 254 mil millones que administra actualmente, el monto se elevará a G. 1 billón 673 mil millones el año que viene, de los cuales el 73% es para el pago de sueldo y otros beneficios de los más de 10 mil funcionarios permanentes y más de 2 mil contratados.
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Según la propuesta, considerando el reclamo de los diferentes gremios de magistrados judiciales, actuarios, ujieres notificadores, funcionarios registrales y administrativos, se incorporó el ajuste salarial del 10 por ciento sobre el salario básico del personal permanente de la institución. Para este incremento se pidió la suma de G. 63.987 millones, para 10.838 cargos. (En la publicación de mañana se desarrollarán los otros beneficios que recibirán los magistrados y funcionarios).
Inversión física
En cuanto a la inversión física, el proyecto habla de “adecuación, adquisición, modernización, mejora y mantenimiento de infraestructura física, técnica, tecnológica e informática, para el equipamiento de despachos judiciales, oficinas registrales y dependencias administrativas”. Para ello, se pide un total de G. 168.710 millones.
La Corte aclara que dentro del referido monto se contemplan nuevos llamados para la ampliación y refacción de componentes del Palacio de Justicia de Asunción y la construcción de línea de media tensión (línea directa desde el Centro de Distribución de la ANDE de Puerto Sajonia).
Para las circunscripciones judiciales fueron consideradas la construcción de nuevos juzgados de Paz y pagos de otras que están en ejecución, argumenta la Corte.
Agrega que se dará continuidad al programa de construcción y equipamiento de nuevos locales judiciales en el interior de la República y en la capital, así como el mantenimiento de edificios terminados, cuyo costo para el ejercicio fiscal 2018 se estima en G. 116.000 millones.
Los recursos más significativos corresponden a los certificados de obras -reajustes estimados- trabajos complementarios y fiscalización de los Palacios de Justicia de Ciudad del Este y Salto del Guairá, aclara la Corte en la exposición de motivos para justificar el pedido.
Alquileres
Según el alto tribunal, no menos importante de mencionar resultan los alquileres para los locales judiciales, depósitos de bienes decomisados, oficina de archivo de imprenta del Poder judicial, así como del Registro del Automotor, “sin local propio, que además cuenta con oficinas regionales a nivel país. Para este rubro pide G. 24.000 millones.
Prueba de ADN
“El acceso a la justicia es un derecho humano. Las pruebas de paternidad a veces son una barrera para el acceso a la justicia. En el marco de la implementación de las 100 Reglas de Brasilia, una prueba de paternidad tiene importancia respecto de los derechos del niño y de la niña y obligaciones del padre y/o la madre”, expone la máxima instancia judicial de nuestro país.
Refiere que cuando los involucrados en las demandas por reconocimiento de hijos son personas de escasos recursos, la Corte, conforme a la Ley N° 1914/02, artículo 1º, es la encargada de solventar los costos de las pruebas de ADN. “Para el efecto, se llama a licitación para la elección de laboratorio, que se encargará de la realización del examen sanguíneo. Para el año 2018, se previó la suma de G. 2.000”, enfatiza el alto tribunal en su pedido al Congreso.
Insuficiente para los proyectos
La Corte apuntó que el presupuesto de este año que es de G. 1 billón 254 mil millones, resultó insuficiente para el desarrollo de proyectos que el Poder Judicial pretende encarar. Agregó que no sufrió incremento con respecto al presupuesto de 2016 y que incluso hubo una reducción de G. 23.000 millones con relación al presupuesto de 2015, que fue de G. 1 billón 276 mil millones.
“El presupuesto institucional no ha sufrido incremento alguno en los últimos años y fue afectado por las disminuciones mencionadas más arriba, que se extienden a todos los estratos del mismo y muy significativamente a las partidas correspondientes al funcionamiento operativo de los servicios, sumando a esto la racionalización presupuestaria y financiera por parte del Ministerio de Hacienda de los créditos con Fuente de Financiamiento 10 (Recursos del Tesoro), lo cual hace necesario adecuar anualmente los gastos a las disponibilidad respectiva”, enfatiza la Corte en defensa del aumento solicitado.
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