En el proceso por supuestas obras sobrefacturadas en 22 comisarías y el presunto perjuicio de más de G. 1.131 millones, está pediente la audiencia preliminar desde julio de 2014.
Uno de los recursos presentados en la Corte es una aclaratoria contra el rechazo de la ampliación de la imputación que hizo la jueza Lici Sánchez el 3 de setiembre pasado. Además, hay un recurso de nulidad contra ese fallo, que fue planteado el 8 de setiembre por Filizzola.
Ninguno de los planteamientos puede ser estudiado porque está pendiente la recusación contra la ministra Miryam Peña y el camarista Cristóbal Sánchez por parte de la defensa que objeta la participación de ambos, pero no la del ministro liberal Miguel Óscar Bajac. Ni siquiera pudo ser integrada la sala para estudiar las dos recusaciones por una cadena de inhibiciones en la Corte y Cámara de Apelaciones.
A su vez, está pendiente otro recurso de nulidad contra el fallo que hizo lugar a la recusación contra el ministro César Garay del fiscal Igor Cáceres. La defensa cuestiona que para ese efecto integraron la sala el ministro Óscar Bajac y los camaristas Cristóbal Sánchez y Gustavo Santander, y la conformación de este último, dicen, nunca fue notificada.
Caso helicópteros
El caso de la compra sobrefacturada de helicópteros y el presunto daño de G. 50.000 millones, hace más de dos años el juez Hugo Sosa elevó a juicio, pero el expediente está en la Corte porque se admitió una acción contra el auto de apertura. Ni siquiera hay sala integrada por recusaciones contra Raúl Torres Kirmser, Sindulfo Blanco y César Garay.