Los mismos fueron acusados de falsificar un oficio de la Cámara de Apelaciones que permitió la libertad de Damián Delvalle, procesado por tráfico de droga.

Martínez Sosa había sido condenado a 9 años de penitenciaría y Zorrilla a 6 años de cárcel. La pena de primera instancia fue ratificada por la cámara.

Los ministros argumentaron la resolución en el artículo 5 de la Acordada 470/07 que se refiere a las faltas. Además hicieron referencia a los artículos 233 y 94 del Código de Organización Judicial que dice que la Corte anulará la matrícula del abogado o procurador por mala conducta o faltas graves en el ejercicio de la profesión, incapacidad física o mental inhabilitante debidamente comprobada, o por condena judicial que importe inhabilitación para el ejercicio de la profesión, como en este caso.

Los antecedentes revelan que Delvalle, considerado “rey de la marihuana”, estuvo prófugo más de dos años. Abandonó la cárcel el 13 de mayo de 2011 por una resolución falsa. Fue recapturado en setiembre de 2013.

Los condenados supuestamente falsificaron firmas de los camaristas Delio Vera Navarro y José Agustín Fernández. El caso derivó en una investigación penal en que apareció un documento que refería un esquema judicial para favorecer a traficantes, que incluso salpicó a ministros de la Corte.