En la sesión del 11 de junio pasado, Alfonso Mascareño Morales fue nombrado fiscal de Curuguaty por mayoría. En la siguiente, el 18 de junio y con la presencia de una ministra –ausente en ocasión de la primera votación–, se hizo lugar a la reconsideración de Rachid y se le confirmó como fiscal y el juramento de rigor se hizo al día siguiente.
El Colegio de Abogados de Canindeyú y el propio afectado directo por el intempestivo cambio solicitaron por separado reconsideración de la decisión. A diferencia de Rachid, la Corte directamente descartó analizar la petición de Mascareño, con el argumento de que era extemporáneo debido a que Rachid ya juró.
Por otro lado, el pleno de la Corte confirmó a varios fiscales en sus cargos, entre ellos Yoan Paul López, cuya destacada labor fue subrayada por el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Eugenio Jiménez.
También ayer la fiscala Clara Ruiz Díaz, esposa del exjuez penal de garantías Rubén Ayala Brun (quien renunció), fue nombrada jueza de garantías N° 1. Este cargo se encontraba vacante tras renuncia de Hugo Sosa Pasmor, actual viceministro de seguridad del Ministerio de Interior.
Ayer, a propuesta del presidente de la máxima instancia judicial, se acordó elaborar un proyecto de modificación de las condiciones establecidas para la promoción de juicios ante los juzgados de paz, de manera que entidades financieras y bancarias de reconocida solvencia económica no sigan siendo beneficiadas con la exoneración del pago de tasas.
Jiménez explicó que dicho beneficio se estableció originariamente con el propósito de que personas de escasos recursos puedan acceder a la Justicia, pero con el paso de los años se desvirtuó este fin y hoy existe una abrumadora cantidad de acciones promovidas por entidades financieras y bancarias por cobro de guaraníes.
Un corte de energía obligó a suspender la sesión, interrumpida pasado el mediodía, por lo que los puntos que quedaron pendientes serán estudiados en la sesión del próximo 2 de julio.
Molestia en la Constitucional
Los ministros de la Sala Constitucional, Antonio Fretes, Gladys Bareiro y Miryam Peña, expresaron ayer su molestia con el sistema de sesión televisada, pues consideran que retrasa en demasía el estudio de los casos. Por esta razón, quedaron en analizar la posibilidad de plantear una modificación para que solamente los casos a ser resueltos con sala ampliada sean públicos.