Es la cuarta convocatoria realizada por el juez de garantías Humberto Otazú. En la última cita, el 11 de agosto pasado, la audiencia se truncó debido a que el parlamentario se encontraba de reposo.

El fiscal Martín Cabrera acusó a Núñez tras constatar que la firma Intercom Ingeniería SA, presidida por Núñez Salinas, despachó el 21 de octubre de 2011 un total de 11 ruteadores.

En el despacho se hizo figurar que la carga tuvo un costo de 17.706 dólares, sobre los que se liquidó el impuesto. Pero luego una auditoría de Aduanas determinó que el valor real de la mercadería que ingresó en el despacho de Intercom era de US$ 1.026.028,51.

La fiscalía sostiene que se produjeron documentos falsos para no consignar lo que realmente se importó y que fueron 31 decodificadores. Intercom vendió los decodificadores a la firma Sitesa SA –cuyo presidente es Juan Osvaldo Ojeda Centurión– que ganó en 2011 la licitación pública Nº 63 por G. 24.999 millones (unos US$ 6 millones) para proveer decodificadores de TV a la Copaco. Núñez pide la suspensión condicional del procedimiento a cambio de una donación de G. 30 millones para el Hospital Pediátrico Niños de Acosta Ñu.