Cuarto tribunal en dilatado juicio a médicos por muerte de recién nacido

Un cuarto tribunal de sentencia debe ser conformado para juzgar a dos médicos del Instituto de Previsión Social (IPS), Antonia Acosta y Blas Manuel Centurión, por un caso de homicidio culposo de un recién nacido que data de agosto de 2011. En el enredado proceso hubo un juicio sin concluir por recusación al pleno, jueces que se apartaron y denuncias de presiones políticas.

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En el dilatado proceso penal se volvió a truncar la conformación de un tribunal con los jueces Víctor Medina, Olga Ruiz y Elsa García.

Ahora el Tribunal de Apelación Primera Sala, integrado por los camaristas Pedro Mayor Martínez, Gustavo Santander y Cristóbal Sánchez, hizo lugar a una impugnación del juez Medina y lo excluyó del proceso junto con sus colegas.

Medina había objetado que su colega Héctor Capurro no debió remitir la causa a un nuevo sorteo de tribunal, sino integrarlo como presidente y realizar dos sorteos, uno para miembro titular y otro para suplente.

La Cámara de Apelaciones le da la razón y ratifica que Capurro debe entender como nuevo presidente del tribunal, debido a que era miembro titular del colegiado en el que se excusaron Jesús Riera y Juan Pablo Mendoza.

Además, la jueza Cynthia Lovera, al ser miembro suplente, debe entrar como titular, dice el fallo, por lo que resta realizar el sorteo del tercer titular y un suplente, especifica.

Mientras tanto, no se puede realizar aún el juzgamiento de los médicos Antonia Acosta y Blas Manuel Centurión, acusados por la muerte del recién nacido Pablito Ibarra, como consecuencia de un parto normal mal practicado a su madre, Amelia Rodríguez, quien sufría de hipertensión arterial y fue expuesta a un trabajo de parto normal con un bebé de gran tamaño (5 kilos).

Los galenos ya enfrentaron un juicio oral que resultó inconcluso y que por no haberse reanudado en el término de 10 días corridos, quedó en fojas cero.

En aquella oportunidad las defensas recusaron al pleno del tribunal presidido por Mesalina Fernández e integrado por Nilda Giménez y Fabián Weisensee, en la etapa de declaración de testigos, quienes estaban complicando la situación de los dos profesionales de blanco.

En la causa también se dio la llamativa inhibición de la jueza Laura Ocampo, presidenta del segundo tribunal de sentencia sorteado.

La misma alegó “presiones políticas”, pero no dio nombres.

Por este motivo la Corte Suprema de Justicia realiza la auditoría de todo el proceso penal.

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