La semana pasada, en la audiencia preliminar Bower, a través de su abogado Jorge Vasconsellos, solicitó al juez penal de garantías Gustavo Amarilla el sobreseimiento definitivo de su cliente.
Vasconsellos sostuvo que nunca ocurrió el delito de tortura contra el comisario Alfredo Cáceres y el oficial Jorge López, quienes denunciaron el caso en el año 2000.
A la vez, Bower planteó una excepción de inconstitucionalidad para excluir el delito de tortura, declarado por la Sala Penal de la Corte como imprescriptible, por ser un hecho de lesa humanidad.
Justamente el delito de tortura es lo que evita que el caso no se haya extinguido o prescripto. La tramitación de la excepción se realiza ante el juzgado de Amarilla, y la Sala Constitucional es la que resolverá sobre el fondo de este incidente.
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El también acusado oficial Osvaldo Vera en la preliminar planteó la nulidad de la acusación y nulidad de la convocatoria a la audiencia preliminar. esto último con el argumento que está pendiente la excepción de inconstitucionalidad promovida por Bower.
Vera asimismo planteó la extinción de la acción penal.
Esta semana el coacusado comisario Merardo Palacios debe argumentar sus incidentes en la preliminar.
Posteriormente, el juez Amarilla resolverá todos los incidentes y dirá si la causa es elevada o no a juicio oral. Previamente, la Sala Constitucional debe expedirse sobre la excepción que promovió Bower.
La sanción pendiente
El 9 de mayo pasado en una frustrada audiencia preliminar el juez Amarilla sancionó a Bower por ser litigante de mala fe, debido a las innumerables chicanas que viene presentado desde hace 18 años.
La sanción a Bower es el arresto de 48 horas en la guardia del Poder Judicial. La defensa apeló la medida pero la Cámara de Apelaciones, el 19 de mayo confirmó el fallo de Amarilla.
El exministro del Interior recurrió los fallos ante la Sala Constitucional para rever las dos sentencias.
Los ministros Antonio Fretes y Miryam Peña se inhibieron y solamente la ministra Gladys Bareiro no se apartó. Un detalle: esta es la misma sala que debe estudiar la excepción promovida por Bower.
Un caso de dilación extrema
- La carpeta de investigación fiscal del supuesto hecho de tortura fue abierta en mayo de 2000 cuando Walter Bower era ministro del Interior. Mandó detener al comisario Alfredo Cáceres y al oficial inspector Jorge López, por ser parte de un supuesto plan conspiraticio de golpe de Estado contra el gobierno del entonces presidente de la República, Luis Ángel González Macchi.
- Los sospechosos fueron llevados a la Comisaría 11ª Metropolitana y luego a la Marina, donde fueron sometidos a apremios físicos, supuestamente, la bajo la dirección de Bower, del comisario Merardo Palacios, Basilio Pavón (ya fallecido) y Osvaldo Vera. La causa tiene 18 años, plagada de chicanas.