La familia ha sido abordada por el programa Abrazo en el año 2012 y pese a los intentos de los educadores, no se pudo lograr el cese de la explotación de los niños, –con edades de 14, 11, 9, 7, 5 y 2 años– aunque por momentos se logró una reducción de las horas que pasan en la calle.
Reportes de diferentes fechas relatan que los niños son vistos solos con frecuencia en la intersección de las avenidas España y San Martín, hasta altas horas de la noche y en muchas ocasiones duermen en el lugar, inclusive. La situación del mayor de los hermanos es la más preocupante, por su adicción de las drogas.
Los datos revelan que la familia recibe mensualmente cesta de alimentos y 500.000 guaraníes en efectivo, que según la madre, son utilizados por el padre “para arreglar su moto”.
Vecinos relataron que la madre es víctima de violencia verbal y física y no aporta dinero alguno, motivo por el cual sale a limpiar parabrisas y sus hijos, a pedir limosnas.
Ante la imposibilidad de revertir la situación de explotación en que viven los chicos, la Dirección de Protección Especial (Diproe) de la Secretaría de la Niñez y la Adolescencia (SNNA) recomendó al juzgado disponer el ingreso del mayor a la unidad de desintoxicación del Centro Nacional de Control de Adicciones y de los demás hermanos en los abrigos San Vicente de Paul y Misión de Esperanza. Era imposible ubicar a los hermanos juntos en un solo hogar, tal como había solicitado la defensoría de la niñez.
El 11 de junio del 2014, la jueza María Luisa Bajac dictó una resolución en el sentido recomendado por la Diproe, pero hasta hoy no se pudo cumplir.
El trabajador Ángel Bonnín informa que el 21 de junio del mismo año tanto el Centro de Adicciones como el hogar San Vicente de Paúl rechazaron a los niños por falta de lugar.
Pese a las reiteraciones tanto de parte de la defensoría de la niñez, de la fiscalía de la niñez como del juzgado, hasta ahora dicha disposición continúa pendiente de ejecución.
Insólito: se equivocaron de criatura
El expediente abierto a raíz de la explotación de seis hermanitos en la zona de España y San Martín tiene un reporte como mínimo insólito.
En cumplimiento de la orden dictada por la jueza María Luisa Bajac, el 21 de julio el trabajador social Ángel Bonnín se presentó en la vivienda de los padres, para proceder al traslado de los chicos a los hogares establecidos por el juzgado.
El funcionario se llevó a una séptima criatura, el menor de los hermanos, un lactante de 1 año y medio, cuya existencia ni siquiera era de conocimiento de las autoridades. Pese a que el informe del trabajador social en todo momento nombra al lactante con el nombre del hermano, advertidos por los padres, la defensora de la niñez solicitó la restitución del bebé, materializada el 4 de agosto del 2014.
rferre@abc.com.py Fotos: Carlos Shattebeck