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En la ocasión, el magistrado deberá resolver si admite la acusación presentada en el año 2001 por la fiscalía y eleva la causa a juicio oral y público por tortura y lesión corporal en el ejercicio de funciones públicas.
La primera convocatoria para la realización de la preliminar fue el 28 de noviembre de 2001 y desde entonces ninguno de los cinco magistrados que intervinieron en la causa han logrado la diligencia, debido a las chicanas promovidas por los defensores. La última convocatoria fue el 12 de noviembre del 2013. En aquel entonces, el juez Julián López se inhibió tras ser recusado por Palacios. A partir de ahí, se registró una cadena de inhibiciones e impugnaciones que solo tuvo fin tras la intervención del Tribunal de Apelación.
El 10 de junio pasado, con los votos favorables de los camaristas Bibiana Benítez Faría y José Agustín Fernández, y en disidencia de Agustín Lovera Cañete, se hizo lugar a la impugnación del juez Hugo Sosa contra la inhibición de Ayala Brun.
El proceso por tortura contra Bower se inició tras la denuncia de apremios físicos sufridos por varios uniformados policiales en servicio activo, entre ellos el Crio. Alfredo Cáceres y el oficial Jorge López, detenidos bajo sospecha de sublevación contra el gobierno de Luis González Macchi, entre el 18 y 19 de mayo de 2000.
La acusación destaca que los uniformados fueron torturados en la Marina, bajo la supervisión de Bower.
Cáceres y López son los únicos que presentaron querella, pero la denuncia también fue realizada por Higinio Pérez, Emilio López Villalba, Emilio Escurra, Saturnino Gamarra, los suboficiales Fabián Ojeda, Rafael Sosa, Ricardo Báez, al suboficial Lorenzo Genes, Reinaldo Insfrán y Próspero Arévalo Ayala.
Medidas pendientes
El abogado querellante Rolando Alum, representante legal del comisario Cáceres, adelantó que en la audiencia preliminar solicitará la imposición de medidas alternativas a la prisión para el exministro.
El letrado apuntó que debido a una inexplicable decisión del entonces fiscal Amílcar Ayala, Bower no cuenta con medida alguna que pueda asegurar su sujeción al proceso penal.
Distinta es la situación de los demás procesados, que sí cuentan con medidas, según los datos.