El Ministerio Público quiere saber si el ex primer mandatario firmó o no en el 2012 el decreto que autorizaba al entonces ministro de la Senad, Francisco de Vargas, la compra de equipos de escucha telefónica por el que pagó G. 9.406 millones.
La Senad como una dependencia de la Presidencia de la República necesitaba este aval para realizar la compra que se hizo por la vía de la excepción.
El viernes pasado, Martín Burt Artaza, encargado del gabinete civil del entonces presidente Franco, declaró que no tenía conocimiento del mencionado decreto.
La Senad realizó dos compras de equipos de espionaje, en el 2012 y en el 2015, este último durante la gestión de Luis Rojas, por el que pagó G. 1.251 millones, también por la vía de la excepción.
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La Senad desembolsó en total unos US$ 2.500.000 por equipos de espionaje que no habrían entrado siquiera en funcionamiento. Se cree que los equipos adquiridos, además de sobrevaluados, ya estaban obsoletos.
Televox SRL es la empresa vendedora de los equipos, que fue creada solamente para realizar el negociado con el Estado. Tributó solamente por las dos ventas que realizó a la Senad, y luego se declaró sin movimiento. Televox tampoco tiene asentado en su libro de compra, la adquisición de los equipos.