Defensas hablan de “conspiración” y piden absoluciones por matanza

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Las defensas de los acusados por la masacre de Curuguaty, en la que perdieron la vida 11 campesinos y 6 policías, dicen que todo fue parte de una “conspiración” para derrocar al expresidente de la República Fernando Lugo. Aducen que no pudo haber invasión de inmueble desde el momento de que el Indert (propietario de las tierras) reconoció la comisión vecinal del asentamiento. Solicitan la absolución de los once campesinos procesados.

El Ministerio Público solicitó altas condenas para los acusados. Para Rubén Villalba los fiscales pidieron la máxima sanción, tanto en pena privativa de libertad (30 años) como en medidas de seguridad (10 años), 40 años de reclusión en general y penas de 25, 20, 8 y 5 años de prisión para los otros diez acusados.

El abogado Alberto Alderete, extitular del Indert y defensor del acusado Felipe Benítez Balmoris, para quien se solicitaron 5 años de cárcel por el hecho punible de invasión de inmueble ajeno, pidió la absolución de su representado con base en dos circunstancias.

La primera es que la acusación de los fiscales Liliana Alcaraz, Leonardo Ledezma y Nelson Ruiz, respecto a invasión de inmueble ajeno, no puede proceder desde el momento en que el Indert, titular de las tierras conocidas como Marina Cue, reconoció la constitución de una comisión vecinal en el asentamiento. Por este hecho, no correspondía siquiera el desalojo violento que terminó con la vida de 17 personas, el 15 de junio de 2012.

Indicó en sus alegatos que la fiscalía está “pervirtiendo el orden legal” porque pretendió hacer un desalojo con base en una orden de allanamiento. Agrega que la titularidad de las tierras del Indert es “indiscutible” desde el momento en que no quedó firme una sentencia por usucapión que otorgaba el inmueble a Campos Morombí (familia Riquelme).

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Por otro lado, Alderete compara este caso con la conspiración de la cual fue víctima en la década de los 60 el capitán Napoleón Ortigoza, preso político más antiguo del continente (25 años de reclusión), cuyas acusaciones falsas respecto al homicidio del cadete Benítez fueron reconocidas por la Corte Suprema de Justicia, que anuló el proceso.

“El Ministerio Público no tiene ni una sola prueba de sus acusaciones, y pretende que este tribunal condene con las penas más altas a personas inocentes, quienes apenas fueron una pieza o una víctima de un plan perverso que se llevó a cabo, para perjudicar políticamente a un gobierno...”.

El juicio oral y público continúa esta mañana, a partir de las 8:30, con más alegatos de las defensas.