Defensores de acusados del caso Curuguaty, en la mira de la Corte

Tras doce suspensiones a lo largo de casi tres meses sin poder realizar el juicio por la masacre de Curuguaty, el Tribunal de Sentencia presidido por Ramón Trinidad remitió ayer los antecedentes del caso a la Auditoría de Gestión Judicial de la Corte Suprema de Justicia.

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La referida repartición, a cargo del abogado Mario Elizeche, deberá revisar la actuación de los abogados Amelio Sisco, Pablo Aguayo, Víctor Azuaga y Albino Martínez.

Es a raíz de sucesivas reposiciones, recusaciones y otros recursos planteados en forma reiterada y que, a criterio de fiscal Jalil Rachid, tienen el solo fin de dilatar el juzgamiento.

La remisión de los antecedentes de los letrados fue dispuesta por el colegiado integrado por Ramón Trinidad, Benito González y Samuel Silvero, ante un nuevo intento frustrado de llevar adelante el juzgamiento a los once acusados por el sangriento enfrentamiento entre policías y ocupantes de un inmueble de Campos Morombí, registrado el 15 de junio de 2012.

De hecho, al momento de plantear reposición con apelación en subsidio contra la convocatoria de la audiencia de ayer, el defensor Azuaga pidió al Tribunal que disponga la intervención de Auditoría, a fin de determinar si los defensores o el tribunal es “demasiado tavy (ignorante)”.

Además de Azuaga, también recurrieron la convocatoria de ayer sus colegas Sisco y Aguayo, quienes coinciden en exigir un plazo mínimo de 5 días para retomar la audiencia a partir de la notificación.

También renunciaron los abogados Oliver Narváez y Bernardo Insaurralde.

A pedido de la defensa y con oposición de la Fiscalía, el Tribunal solicitó ayer vía exhorto a las autoridades de España la realización de una pericia de medición de cadena de disparos.

La masacre de Curuguaty, como quedó conocida la tragedia que se registró durante un desalojo que debió ser pacífico, dejó un saldo de 17 muertos, de los cuales seis eran policías y once, campesinos. Asimismo, derivó en el juicio político al entonces presidente, Fernando Lugo, y su posterior destitución por juicio político.

La acusación sostiene que el grupo radicalizado de ocupantes preparó una emboscada que incluyó la presencia de mujeres para abrir fuego contra los policías.

Están acusados por tentativa de homicidio, invasión de inmueble y asociación criminal Rubén Villalba, Felipe Martínez, Luis Olmedo, Adalberto Castro, Arnaldo Quintana, Néstor Castro, Fani Olmedo y Dolores Peralta; mientras que Alcides Ramírez y Juan Carlos Tillería lo son por asociación criminal e invasión de inmueble ajeno.

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