Defensoría Pública acepta renuncia de Fatecha a su cargo de director

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La defensora general interina, Selva Morel, aceptó la renuncia del cuestionado director general el liberal efrainista Germán Fatecha Feliú. Los defensores públicos, por nota, habían solicitado su desvinculación porque abusaba de los bienes de la institución para favorecer a este sector político. La suspendida defensora general, Noyme Yore, quien está procesada, inició los trámites de su jubilación.

Si bien es cierto que se aceptó la renuncia al cargo de director general del Ministerio de la Defensa Pública, la consecuencia final sería su desvinculación de esta institución, según trascendidos.

De igual manera se dejó sin efecto la Resolución N° 1384 del 19 de diciembre de 2016 por la cual se le otorgó a Fatecha permiso sin goce de sueldo, porque ahora se aceptó su renuncia.

Es la primera vez que todos los gremios del Ministerio de la Defensa Pública, como la Asociación de Defensores Públicos, el Sindicato de Funcionarios de la Defensoría Pública, los defensores públicos en general, así como el director de Talento Humano, Juan Carlos Duré, solicitaron el 7 de diciembre pasado la remoción de Fatecha Feliú.

El pedido de remoción se fundamentó en que Fatecha le hacía pasar a la Defensoría Pública una “penosa situación”. Los funcionarios de la entidad acusaron a Fatecha de haber autorizado el “uso ilegal y abusivo de bienes y vehículos de la institución para campañas políticas”.

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Trámite jubilatorio

Ni bien fue suspendida en sus funciones la defensora general, Noyme Yore Ismael, inició los trámites para acogerse a la jubilación.

Yore Ismael fue suspendida por el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados luego de ser procesada por usurpación de funciones públicas, por nombrar a abogados particulares como defensores públicos.

Esta atribución es prerrogativa de la Corte Suprema de Justicia, que designa al defensor público de una terna elaborada por el Consejo de la Magistratura.

Corte administrativo

El pasado viernes 13 de enero se realizó un acto protocolar de la Contraloría de la República en la sede del Ministerio de la Defensa Pública para realizar el corte administrativo, tras asumir la función de defensora general interina Selva Morel.

Hay una serie de irregularidades detectadas por la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas en la construcción de sedes de Caacupé y Concepción, así como costosos alquileres que se pagaban a parientes de altos funcionarios de la Defensoría, que ahora son auditadas por la Contraloría.