El magistrado había aceptado solo intervenir en el lavado de dinero, y reenvió al Ministerio Público para que presente una nueva imputación por los hechos de los artículos 42 (beneficiarse del narcotráfico) y 44 de la Ley 1340/88 de tráfico de drogas (asociación para comercializar sustancias prohibidas), y el artículo 239 del Código Penal (asociación criminal.
El fiscal Marcelo Pecci (recusado actualmente) repuso y apeló en subsidio la resolución de Otazú, por lo que en la audiencia de mañana se sustanciará la reposición. La fiscala que interviene ante la recusación de más de diez fiscales es Yolanda Portillo, de la Unidad de Delitos Económicos.
Según la imputación penal, los hermanos Sánchez Garcete no podrían justificar más de G. 15.000 millones y el dinero provendría del narcotráfico.
El Ministerio Público, inclusive, ya acusó por estos hechos a los hermanos, pese a estar pendiente la reposición de la imputación. Además, no se resuelve un pedido de prisión preventiva porque los hechos punibles son crímenes, debido a que tienen expectativa de pena es de hasta 15 años de cárcel.
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Para lavar dinero del narcotráfico, Chicharõ y sus hermanos crearon empresas, se “dedicaron” a la ganadería, abrieron una estación de servicios, sacaron préstamos millonarios, entre otras actividades.