El viernes 4 de noviembre la Abogacía del Tesoro, a través del secretario general Alberto Alfonzo, solicitó al fiscal Ángel Ramírez que informe a dicha dependencia del Ministerio de Hacienda si existe restricción a la disponibilidad de fondos del Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Paraguay (CBVP).
El pedido de informe es a los efectos de que Hacienda remita al Cuerpo de Bomberos unos G. 2.300.796.648, de los más de G. 5.100 millones que tiene presupuestada para el ejercicio fiscal 2016.
En junio pasado, Hacienda ya remesó G. 1.461.316.788 al CBVP, por lo que faltarían unos G. 1.339.000 para completar el presupuesto de este año.
Gabriel Taddey, síndico denunciante de los presuntos hechos de corrupción, solicitó a Hacienda el 26 de setiembre pasado, que no se remesen los fondos al CBVP, ante el temor que estos recursos sean nuevamente dilapidados.
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Mientras tanto, la imputación a los miembros del directorio del Cuerpo de Bomberos se dilató aún más cuando el fiscal Ramírez, justamente el viernes 4 de noviembre (fecha en que Hacienda pidió informe al fiscal), solicitó al fiscal general del Estado, que la causa Nº 7912/16 donde están investigados los miembros del Directorio del CBVP por lesión de confianza, evasión de impuestos y producción de documentos no auténticos, sea derivada a la Unidad de Delitos Económicos y Anticorrupción.
El martes, la Fiscalía General ratificó la competencia de Ramírez y designó a la fiscala Alba Delvalle, como coadyuvante.
Los denunciados
Están investigados por supuestos hechos de corrupción el presidente del CBVP, Rafael de la Cruz Valdez, el secretario Luciano Florenciáñez, el tesorero Mario Luis Gini, los miembros Daniel Aquino Rivas y Elías José Ramírez, así como los exsíndicos Julio Arnaldo Maíz y Ramón Grange.
Supuestamente, los directivos crearon empresas fantasmas para la compra simulada de equipos para bomberos y también sobrevaluaron varios artículos.