Las tierras, que supuestamente fueron objeto del despojo, se extienden a lo largo de 16 kilómetros sobre la costa del río Paraguay, en el departamento de Alto Paraguay, Chaco, y están registradas a nombre de la empresa Abialor Paraguay SA, un grupo inversor con capital francés, según nuestro visitante.
Dijo que acudía a nuestro diario como un recurso para llamar la atención de las autoridades de la Corte Suprema de Justicia y del Ministerio Público ante la indiferencia y congelamiento de acciones promovidas en distintas instancias judiciales que buscan corregir el fallo que sirvió para ordenar el despojo, así como el inicio de investigaciones en torno al caso.
Tras acreditar documentos sobre su representación legal de la firma afectada en nuestra mesa de trabajo, el abogado Víctor da Silva dijo que el juez de primera instancia en lo civil comercial y laboral, del 3er turno, de Concepción, Óscar Cantero Arza, dictó una sentencia por la cual, de un día para otro, convirtió en propietario de las 28.000 hectáreas de tierras a un ciudadano brasileño con antecedentes penales.
Las tierras forman parte de un inmueble individualizado como Finca Nº 22.276, Puerto Guaraní, Chaco.
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El brasileño beneficiado con la sentencia se llama Thyr Medeiros Loureiro, de Bella Vista, Brasil, con antecedentes sobre narcotráfico, según el abogado Ríos.
Dijo que a ese historial policial y judicial se suman informes y datos de que mismo no reside en Paraguay y que, a pesar de ello, consiguió papeles de que el mismo vive en Alto Paraguay.
El fallo dictado a favor del extranjero se elaboró con base en documentos falsos y diligencias fraguadas que fueron consentidas por el juez Cantero Arza, dijo el denunciante.
El juez declaró propietario de las tierras al extranjero al hacer lugar un falso proceso de usucapión, o sea un juicio en el que una persona pide al juez que lo declare dueño de un inmueble porque tiene la posesión del bien hace más de 20 años, según indicó el representante de la firma afectada.
Todos los antecedentes e informes que forman parte de las denuncias y acciones promovidas para la rectificación de la sentencia no fueron tenidas en cuenta hasta la fecha por las autoridades judiciales y del Ministerio Público ante quienes se promovieron los reclamos, indicó el abogado Ríos.
Inclusive se ha promovido la correspondiente denuncia ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) contra el juez Óscar Cantero Arza, pero hasta la semana pasada no tenía informes si el organismo juzgador de jueces tomó alguna determinación al respecto.
El abogado Ríos reiteró su pedido para que las autoridades de la máxima instancia judicial del país se aboquen, de oficio, a la investigación y estudios de los antecedentes de este caso.