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En la víspera, el titular de la Defensoría del Pueblo Miguel Godoy Servín realizó una denuncia ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) por mal desempeño de funciones, contra los miembros del tribunal de sentencia que aplicó solamente una condena de 2 años con suspensión de la ejecución de la pena al sacerdote Félix Miranda Gamarra y por atribuirse funciones exclusivas del derecho canónico.
La denuncia del defensor de Pueblo va dirigida contra los jueces Blas Salvador Zorrilla Aldana, Saturnino Fabián Iglesias Ojeda y Nelio Prieto Otazú, quienes integraron el tribunal colegiado de Encarnación. Le atribuye a los magistrados desconocimiento de la ley.
Indica Godoy que el tribunal de sentencia se arrogó funciones del derecho canónico al prohibir al sacerdote Miranda Gamarra el ejercicio del voto sacerdotal.
Godoy asimismo cuestiona que el tribunal solamente haya impuesto como obligación la donación de G. 5 millones al Hospital Regional de Encarnación como reparación del daño, considerando que el sufrimiento de la víctima no tiene justiprecio.
Por su parte, el titular del Jurado de Enjuiciamiento, Cristian Kriskovich, manifestó a Godoy que el órgano juzgador ya solicitó los antecedentes de esta causa y que justamente el plazo para que el tribunal de sentencia remita las fotocopias del expediente vence hoy.
Kriskovich agregó que a partir del lunes la ciudadanía va a poder seguir el avance de este proceso a través de la web de la institución.
Ni bien se reciban las copias del expediente, las mismas van a ser escaneadas, aseguró.
El director jurídico del JEM Enrique Kronawetter debe emitir un dictamen recomendando que se inicie o no el enjuiciamiento a los jueces.
Kriskovich agradeció y reconoció que no es la primera vez que el defensor del Pueblo se preocupa por casos de sensibilidad ciudadana.
Acerca de la sentencia
Según la Sentencia Definitiva Nº 199 del 22 de agosto pasado, el sacerdote Félix Miranda Gamarra fue condenado a 2 años de prisión pero con suspensión a prueba de la ejecución de la condena. Debe seguir tratamiento sicológico en el Poder Judicial, tiene prohibición de acercarse a la víctima y restricción para acercarse a lugares donde concurran niños y adolescentes.