Los jubilados están representados por la exfiscala de Delitos Económicos Rocío Vallejo y se reunieron ayer con el adjunto de la unidad, Federico Espinoza, además del agente que investiga el caso desde marzo de este año, Martín Cabrera y el fiscal antilavado de dinero, Hernán Galeano.

Amancio Abel Florentín, presidente del Centro de Jubilados y Pensionados Bancarios y de Otras Entidades Financieras del Paraguay, cuestionó que pese a las pruebas de que la firma Karaku SRL es ficticia, ya que funciona en un domicilio particular y supuestamente otorgó créditos por G. 14.000 millones, lo que generó intereses por G. 700 millones, Cabrera dilata imputar a las autoridades de la Caja.

Quiénes fueron beneficiados con esos intereses, se preguntaron los jubilados.

También dijeron que los propios denunciados hacen correr un rumor de que el caso “ya está hablado” y de que se pagó una supuesta coima de US$ 100.000 para que la denuncia sea desestimada.

El adjunto Federico Espinoza negó tal circunstancia. Dijo que la Unidad siempre es blanco de este tipo de rumores con la intención de ejercer influencia en los fiscales.

Por su parte, el fiscal Martín Cabrera aseguró que la investigación sigue su curso normal, y que no existe presión de ningún tipo.

La denuncia penal por presunta lesión de confianza y lavado de dinero salpica al actual titular de la Caja Bancaria, José Antonio Caballero, y al exdirectivo César Rodrigo Amarilla, quien supuestamente está ligado a la firma “Karaku SRL”.