Troche explicó que todo empezó en noviembre del 2014, cuando la empresa Laguna SA contrató al estudio jurídico Talavera (integrado por los abogados Luis Talavera Alegre y Luis Talavera Mendieta) para llevar adelante un interdicto de recobrar posesión de un inmueble ubicado en Corpus Cristi, con una extensión de 4 mil hectáreas, valuado actualmente en unos US$ 15 millones. En su presentación el abogado Luis Talavera Alegre estima el valor del inmueble en US$ 23.210.000 y pide que se regule sus honorarios en US$ 779.856.
“En este caso, cuando se inició la contratación con el Dr. Talavera, se le preguntó cuánto sería el total de sus honorarios. Él estableció en 100.000 dólares –él y su hijo porque ellos conforman el estudio jurídico Talavera Alegre y Talavera Mendieta– él estableció un honorario total de 100.000 dólares por todo el trámite del juicio, expidió la factura, se dejó claro que no había ninguna reserva ni ningún ítem pendiente de pago. El pago es total. Y hoy día resulta que él quiere hacer una tasación del inmueble para volver a regular y obviamente con eso tratar de cobrar una suma mayor a la pactada. Esto es totalmente irregular porque es un contrato finiquitado, cancelado y extinguido”, indicó, tras señalar que la Corte ya tiene el recibo correspondiente.
Troche destacó la pésima impresión que deja la situación a los empresarios suizos a los que representa, que hace años invierten en el país.