El letrado refiere que la acción de inconstitucionalidad que planteó Capasa luego de perder en segunda instancia, tuvo inusitada atención e interés por parte de los ministros Miryam Peña, Gladys Bareiro de Módica y Miguel Óscar Bajac. La inconstitucionalidad fue presentada el 28 de julio de 2016 y en menos de un mes, el 17 de agosto, la acción ya fue admitida.

Además, el 22 de diciembre de 2016, Bajac, ministro de la Sala Civil, aceptó integrar la Sala Constitucional, junto a sus colegas, y esta integración quedó firme el 28 de diciembre.

Sin embargo, sin dar posibilidad a Ceregral de objetar o no la aceptación del ministro Bajac como miembro de la Sala Constitucional, ese mismo 28 de diciembre, la Corte notificó a Ceregral de la mencionada integración, y a la vez emitió su fallo, favoreciendo a Capasa.

El abogado Fleitas se pregunta cómo es que en solo unos días Bajac pudo leer más de 400 fojas del expediente para adherirse al voto de su colega Peña.

Otro hecho que llama la atención, que no es menos importante, y que se presume sería la motivación de la celeridad en la Corte, es la regulación de honorarios a favor del abogado representante de Capasa, José María Montero, como patrocinante y procurador.

La millonaria regulación a favor de Montero, dispuesta por los ministros de la Corte es de nada menos que de G. 1.963 millones, más otros G. 196 millones en concepto de IVA.

En la inconstitucionalidad promovida no se dio intervención a la Procuraduría General de la República.

Este juicio se inició con el reclamo de Ceregral por mercaderías que están depositadas en Capasa. El caso llegó hasta la Corte.